La Agencia Provincial de Seguridad Vial inició un relevamiento integral del sistema de radares, incluyendo convenios con municipios, homologaciones técnicas y ubicación de dispositivos, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad.
Santa Fe inició un proceso de auditoría y relevamiento sobre el sistema de radares que opera en las rutas del territorio provincial. La medida surge a partir de una consulta técnica realizada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) a la Fiscalía de Estado, con el objetivo de garantizar la transparencia y la legalidad de los convenios de fiscalización.
El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, explicó que el relevamiento alcanzará convenios con municipios, homologaciones técnicas y la ubicación de los dispositivos instalados en rutas provinciales. «Le pedimos al órgano de asesoramiento jurídico más importante que tiene la provincia, que nos den su opinión respecto de cómo es todo el sistema que estamos utilizando», señaló, subrayando que el control es una «política de estado» de carácter estrictamente preventivo.
El conflicto de competencias
Uno de los puntos centrales del dictamen de Fiscalía radica en la compleja relación normativa entre la provincia y el Gobierno Nacional. Santa Fe mantiene una adhesión parcial a la Ley Nacional de Tránsito, lo que genera zonas grises en cuanto a quién tiene la potestad de sancionar. Torres fue tajante: «Estamos convencidos de que la potestad la tenemos nosotros, es una facultad que no delegamos en el gobierno nacional; cuando nosotros adherimos a la ley de tránsito, nos reservamos la facultad de fiscalizar arriba de ruta, ese poder de policía lo tiene la APSV».
El dictamen recomienda revisar especialmente los convenios de colaboración firmados en 2020 con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para evitar la superposición de facultades. «Por ahí hay leyes y facultades que tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional que a veces se superponen y no es fácil dirimir», admitió el secretario.
Cinemómetros y convenios
Actualmente, el mapa de radares en Santa Fe es heterogéneo. La provincia cuenta con menos de 20 radares propios -gestionados por una empresa mediante licitación-, pero existen más de 50 localidades autorizadas a fiscalizar mediante convenios específicos. La revisión alcanzará a cada uno de estos dispositivos. «Estamos revisando todos los convenios que tenemos, las homologaciones de los radares, cómo están instalados, cómo fueron los convenios que nosotros hicimos con las distintas localidades», detalló Torres.
El funcionario advirtió que, si un radar no cumple con una función de seguridad clara, será removido: «Si hay un lugar que no justifica tener un cinemómetro, no lo vamos a colocar y si hay uno que está colocado y creemos que no es conveniente, lo vamos a sacar». Como contrapartida, puso como ejemplo el éxito del radar en la Ruta 168, donde la siniestralidad y el exceso de velocidad cayeron drásticamente: «El 48% de los vehículos pasaban con exceso de velocidad y después de 5 o 6 meses de instalado, esa cifra bajó a casi el 15. Es preventivo de siniestros viales y nosotros estamos para eso, para evitar las muertes».
Modelo internacional y la fiscalización
A pesar de la auditoría técnica, la gestión provincial no planea reducir los controles, sino optimizarlos. Torres defendió el uso de cinemómetros móviles para evitar que los conductores solo frenen donde saben que hay una cámara fija, permitiendo una mayor rotación en puntos conflictivos. «En todos los países que mejoraron la siniestralidad vial, vos preguntás ‘¿cómo hicieron?’ Y te dicen: ‘fiscalizando más, estando arriba de las rutas, controlando'», concluyó Torres, reafirmando que la vigilancia seguirá siendo el pilar central de la seguridad vial en Santa Fe.