Cada vez que un rosarino carga combustible, paga un impuesto nacional que debería volver a la ciudad. Desde diciembre de 2023, gran parte de esos fondos quedó retenida en Nación, acumulando una deuda que ya supera los $261 mil millones.
Cada vez que una persona que vive en Rosario carga nafta o gasoil paga, además del combustible, un impuesto nacional que se cobra por litro vendido: el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Ese tributo debería redistribuirse parcialmente hacia provincias y municipios para financiar infraestructura, transporte y servicios públicos. Pero desde diciembre de 2023, intendentes y gobernadores del interior sostienen que gran parte de esos recursos quedó retenida por la Nación como parte del ajuste fiscal impulsado por Javier Milei.
En la ciudad y el área metropolitana, el cálculo estimado de fondos no reintegrados ya supera los $261 mil millones. El dato surge de proyecciones realizadas sobre recaudación oficial, niveles de consumo y el porcentaje histórico de retorno que recibe Santa Fe.
La cifra empieza a tomar otra dimensión cuando se traduce a problemas cotidianos que Rosario arrastra hace años.
Lo que Rosario podría haber financiado
Con esos fondos acumulados, desde el municipio local destacan que se podría haber financiado durante tres años completos el subsidio total al sistema de colectivos urbanos. En una ciudad donde el boleto volvió a aumentar varias veces tras la quita de subsidios nacionales, el dato aparece como uno de los puntos más sensibles del reclamo.
También equivaldría a unas 5 mil cuadras asfaltadas con cordón cuneta y veredas en barrios del noroeste y el sur rosarino que todavía esperan obras históricas de infraestructura.
Otra comparación fuerte aparece en saneamiento. Con ese dinero podrían haberse realizado 54 mil conexiones domiciliarias a la red cloacal, prácticamente eliminando buena parte del déficit sanitario que persiste en sectores del oeste y sur de Rosario.
El impacto potencial también atraviesa áreas críticas como salud pública y asistencia social. Los $261 mil millones equivalen al funcionamiento completo de 402 centros de salud equipados durante un año o a la compra de 2 mil ambulancias de alta complejidad, en un sistema sanitario municipal que todavía utiliza unidades con más de 15 años de servicio.
La cifra permitiría además cubrir tratamientos anuales para 1,5 millón de pacientes con diabetes o hipertensión a través del sistema público.
En el plano social, el monto alcanzaría para financiar más de 104 millones de raciones en comedores comunitarios o construir 4 mil viviendas sociales de 50 metros cuadrados en terrenos municipales.
En educación, el equivalente permitiría entregar más de 400 mil computadoras a estudiantes o financiar 137 mil becas universitarias completas durante un año.
El combustible que financia la discusión
Uno de los datos que más utilizan quienes impulsan el reclamo es el volumen de consumo local. Según las estimaciones difundidas, Rosario generó esos recursos a partir de la venta de unos 186 millones de litros de nafta desde diciembre de 2023.
Es decir, el dinero salió directamente del consumo cotidiano de automovilistas, transportistas y trabajadores del interior, pero terminó concentrado en las cuentas nacionales.
El reclamo de los intendentes
Más de 150 intendentes del interior ya reclamaron formalmente la normalización de la distribución de fondos vinculados al impuesto a los combustibles. La discusión se da además en medio de un escenario donde Nación frenó obra pública, redujo subsidios al transporte y disminuyó transferencias a provincias y municipios.
El reclamo expone una discusión histórica sobre el federalismo fiscal argentino: las provincias sostienen que gran parte de los recursos nacionales se generan fuera del AMBA, pero regresan de manera desigual.
En Rosario, donde el municipio sostiene uno de los sistemas de salud pública más grandes del país fuera de Buenos Aires y enfrenta crecientes demandas urbanas y sociales, la pelea por el impuesto a los combustibles ya dejó de ser una discusión técnica. Se transformó en una disputa concreta por cómo se financia la vida cotidiana de las ciudades del interior.