El menor, sobrino del prófugo Víctor Esteban ‘Puchinga’ Almirón, fue acusado como coautor de la balacera que dejó tres muertos y un herido grave el 31 de diciembre en barrio Loyola Sur.
El último día de 2025, una balacera en la esquina de Leumann y Diagonal Obligado, en barrio Loyola Sur de la ciudad de Santa Fe, terminó con la vida de tres personas —entre ellas una adolescente embarazada— y dejó gravemente herido a un cuarto joven. Este jueves, la fiscal de Menores Ana Laura Gioria imputó a un adolescente de 16 años como coautor del triple homicidio y de una tentativa de homicidio agravado.
El imputado, identificado como M.U.A., se encuentra privado de la libertad desde febrero de 2025 por otro homicidio y está alojado en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ). Es sobrino de Víctor Esteban ‘Puchinga’ Almirón, conocido líder narco actualmente prófugo.
Según la investigación, el ataque se produjo alrededor de las 10 de la mañana del 31 de diciembre, cuando un grupo de entre siete y ocho personas —entre ellas el menor— llegó a la vivienda y, sin mediar palabra, abrió fuego contra el grupo familiar que estaba en el patio delantero. En el lugar falleció Juliana Ojeda, de 17 años y embarazada, y su pareja Isaías Uriel Álvarez, de 20. Días después, el 7 de febrero, murió Alexis Yamir Álvarez, de 22 años, por las heridas recibidas. Un tercer hermano sobrevivió.
La fiscalía sostiene que el crimen fue una venganza por el homicidio de Matías Fernández, ocurrido horas antes en la misma zona, aunque aparentemente la represalia habría estado mal dirigida, ya que la familia atacada no estaría vinculada con el hecho previo. Por el asesinato de Fernández ya fue imputado Isaías José Emanuel Benítez.
Durante la audiencia, el juez penal juvenil Héctor Aiello prorrogó por tres meses la medida de alojamiento en un instituto cerrado, con el acuerdo de la fiscalía, el menor y sus defensores, los abogados Héctor Acuña e Iván Leguiza.
La investigación enfrentó dificultades por el temor de los vecinos a represalias. La fiscal Gioria señaló que varios testigos se negaron a declarar o pidieron reserva de identidad por miedo al grupo criminal al que pertenecería el menor. Las pruebas incluyen peritajes balísticos que confirmaron el uso de armas de grueso calibre y testimonios del sobreviviente.