El fiscal federal Gerardo Pollicita puso en marcha el peritaje sobre las ocho billeteras virtuales de Bitcoin que el ex jefe de Gabinete presentó en el expediente para justificar los casi 600 mil dólares en efectivo que incorporó durante una rectificación de su declaración jurada.
El frente judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni entró en una fase estrictamente tecnológica. El fiscal federal Gerardo Pollicita puso en marcha el peritaje sobre las ocho billeteras virtuales de Bitcoin que el ex jefe de Gabinete presentó en el expediente para justificar los casi 600 mil dólares en efectivo que incorporó durante una rectificación de su declaración jurada.
El primer paso del escrutinio digital se desarrolló en la sede de la Fiscalía Federal N°11. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el abogado del ex funcionario, Matías Ledesma, entregó una computadora y un sobre cerrado con las contraseñas. Allí, los especialistas generaron un “mensaje de desafío” criptográfico que la defensa insertó y firmó dentro de cada cuenta. Acto seguido, el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal constató la validez de las firmas y selló los pendrives con los datos extraídos.
El resultado de esta primera prueba técnica confirmó que la defensa de Adorni tiene el control actual de las cuentas y que los movimientos registrados coinciden con los montos informados. No obstante, en el ecosistema de las criptomonedas, poseer las claves privadas en el presente no garantiza haber sido el titular original, ya que estas contraseñas se pueden transferir de un usuario a otro arrastrando todo el historial de operaciones previas.
Esa característica técnica es la que mantiene abierta la principal hipótesis de los investigadores sobre la versión que entregó el imputado. Al responder al requerimiento de justificación patrimonial, Adorni indicó que obtuvo US$ 591.544 a través de inversiones informales en Bitcoin realizadas en 2014 y 2017. Según su escrito, concretó las compras y ventas mediante encuentros presenciales, por fuera de las plataformas reguladas, y guardó el efectivo en su domicilio ininterrumpidamente hasta diciembre de 2023.
Para contrastar este relato, el juez federal Ariel Lijo ordenó una radiografía completa de la economía familiar. Entre las últimas medidas de prueba, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de reconstruir la evolución de sus ingresos y el historial de compras de moneda extranjera desde que cumplieron la mayoría de edad.
El cuestionario a Cibercrimen y el rastro de la «blockchain»
Para despejar las dudas sobre la titularidad histórica de los activos, la fiscalía envió un documento con 29 preguntas al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal. Según reveló TN a partir de fuentes judiciales, el objetivo de este cuestionario es determinar si existe alguna herramienta informática capaz de confirmar desde cuándo Adorni tiene las claves en su poder y si fue él quien manejó de forma exclusiva las direcciones entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
El escrutinio busca analizar al detalle los 41 movimientos registrados en las billeteras y rastrear las conexiones a internet desde las que se ejecutaron aquellas transacciones. Pollicita preguntó puntualmente si la blockchain (el registro público e inalterable de Bitcoin) contiene algún dato que permita identificar a la persona que depositó los fondos originales en 2014, operaciones en las que no figuran conexiones formales con casas de cambio virtuales.
A su vez, el fiscal solicitó precisiones sobre las normativas vigentes entre 2014 y 2018 respecto a las monedas virtuales, consultando el alcance de las resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evaluar si las operaciones presenciales descriptas por la defensa cumplieron con las reglas de la época.