Unas 3.700 personas afectadas desde el 9 de julio. Reclaman solución al gobierno nacional.
A casi seis meses del lanzamiento de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa), sus afiliados denunciaron este miércoles que llevan tres semanas sin cobertura médica en Rosario. El corte de prestaciones afecta a unas 3.700 personas y reclaman que el gobierno nacional resuelva la situación.
Los servicios en la mayoría de las clínicas y sanatorios de la ciudad se interrumpieron el último 9 de julio. Después de varios días sin solución al conflicto, los empleados decidieron organizar un abrazo solidario frente a la sede del organismo en busca de una respuesta urgente.
«Este problema está enmarcado en una crisis prestacional y financiera en todo el país», advirtió Alejandro Sortino, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Ante la consulta de La Capital, confirmó que en otras provincias también se suspendió la atención por falta de pago en el marco del proceso de transición que comenzó en febrero para disolver el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa).
Según explicó el representante de los trabajadores, el corte de los servicios se debe a un incumplimiento con la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario (ACLYSA). La entidad venía reclamando dos cuotas por un total de 1.200 millones de pesos y hasta ahora no logró cobrar para normalizar la asistencia a los afiliados.
La suspensión por falta de pago afecta por igual a civiles y militares. Una de las cuestiones más preocupantes es que no hay excepciones en cuanto al tipo de prestaciones. Los efectores dejaron de cubrir consultas en guardia, internaciones e incluso tratamientos en marcha. Sortino apuntó que los costos que se imponen en caso de que alguien quiera afrontarlos con dinero de su bolsillo son «inalcanzables». Al respecto, apuntó que los salarios actuales oscilan entre $ 800.000 y un millón de pesos.
Según indicó el dirigente de ATE, los afiliados tampoco la tienen fácil para recibir asistencia en el sector público. A la hora de recibir a un paciente, es frecuente que en estos establecimientos pongan reparos cuando advierten que esas personas poseen obra social.
Si bien lo ideal es lograr el pago de la deuda para recuperar las prestaciones, en Osfa advierten que las autoridades nacionales no han dado ninguna señal de reacción para resolver el problema. Mientras tanto, en Rosario piden que los sanatorios y clínicas privadas al menos vuelvan a atender urgencias y tratamientos ya iniciados como medida provisoria.
De acuerdo al análisis de los representantes gremiales dentro de la obra social que reemplazará a Iosfa, el conflicto actual tuvo dos etapas previas. En primer lugar, Sortino indicó que el servicio para las Fuerzas Armadas no era deficitario hasta fines de 2023. «Los balances firmados por el directorio de los mismo militares estaban equilibrados», recordó.
A partir de la designación de Luis Petri como ministro de Defensa de la Nación, la cuestión financiera empeoró y comenzaron los cortes de prestaciones por falta de pago en centros de salud. De hecho, el gobierno de Santa Fe habilitó el año anterior un servicio complementario en Iapos para que las fuerzas de seguridad federales no se quedaran sin cobertura médica mientras trabajaban en el Plan Bandera.
La segunda etapa se abrió en febrero con la firma del decreto 88/2026 para el régimen de asistencia en salud. En ese momento, Iosfa contaba con unos 11.200 afiliados en Rosario. La lista se redujo a un tercio del total en busca de reordenar el sistema, dentro de los lineamientos de la política de déficit cero de la Casa Rosada.
La normativa dividió el padrón. Por un lado se creó la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), donde quedaron agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA). Por otra parte, Osfa empezó a recibir al personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, tanto militares como civiles.
El gobierno argentino fijó un plazo máximo de un año para la disolución del instituto que cubría las prestaciones médicas y el traspaso se puso en marcha con varias dificultades administrativas. Desde el punto de vista financiero, los dirigentes de ATE calculan que la obra social de las Fuerzas Armadas tiene una deuda estructural de 220.000 millones de pesos.
En el caso de Gendarmería y Prefectura, desde el sindicato estatal advirtieron que el gobierno actuó «demagógicamente» y sólo les dio una «estructura ínfima» con la reforma. Para complementarla, les asignó una firma de medicina prepaga con un plan básico. «Ahora tienen que pagar un plus para tener mayor cobertura porque les cobraban muchos coseguros. Terminan pagando el doble de lo que les descontaban acá», indicó Sortino.
Con ese antecedente, el delegado gremial expresó su preocupación ante la posibilidad de que Osfa atraviese un proceso similar a partir del endeudamiento. En este sentido, reclamó: «No queremos que se destruya para privatizarla».
Mientras tanto, en Rosario se cortaron las prestaciones por el reclamo de ACLYSA. «En este momento se está haciendo muy difícil que alguien de Buenos Aires dé explicaciones. Ni siquiera mandaron un e-mail explicando lo que está pasando. Estamos pidiendo un mínimo de respeto», comentó el representante de ATE.
En sintonía con esta solicitud, un suboficial retirado fue a esposarse a la puerta de Iosfa en España al 1500. Durante la protesta cerca de avenida Pellegrini, Carlos Martínez denunció que su esposa está bajo tratamiento por cáncer y le negaron la atención debido al atraso en los pagos a la asociación.
Además de este tipo de conflictos, Sortino consideró que quienes forman parte de la obra social están «doblemente afectados» por la deuda y las posibles respuestas de parte del gobierno. «Tememos por la pérdida de fuentes de trabajo, que crean que por despedir o achicar gente van a mejorar la calidad prestacional. Pedimos soluciones de fondo que no recaigan sobre el afiliado ni sobre el trabajador», concluyó.