Un estudio regional indica que entre el 15% y el 18% de los kilovatios distribuidos en el país no se facturan, en línea con el 17% promedio latinoamericano. La EPE de Santa Fe participó del relevamiento.
Se estima que cada año en América Latina se pierden unos 16.600 millones de dólares por las llamadas pérdidas no técnicas en la distribución de energía eléctrica, es decir, por aquellos kilovatios que se volcaron a las redes pero no se cobraron.
En Argentina, entre un 15% y un 18% de los kilovatios distribuidos no se facturaron, un valor algo mayor al promedio del 17% en la región. Lo recomendado es no más del 10%. Así lo indica un estudio de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Universidad de Chile, Olacde y el BID, que muestra niveles de ineficiencia que comprometen a esos sistemas. La misma fuente estima que ese valor equivale a un 0,19% y hasta un 0,33% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.
El estudio, titulado “Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe”, señala que las “pérdidas para las empresas” muchas veces no lo son. Al menos en Argentina es conocida la transferencia de recursos de los clientes regulares a los que no pagan por el servicio, una suerte de subsidio cruzado no declarado que recae sobre los kilovatios hora efectivamente cobrados.
El trabajo relevó realidades de 26 países y en 22 de ellos los problemas son serios. Argentina, con valores que oscilan entre el 15% y el 18%, está en valores similares o algo mayores a los del promedio latinoamericano del 17%. En la región se encuentran extremos como Perú, que se presenta como un caso de referencia a imitar, y otros como Paraguay con hasta 25% de problemas. Los casos más graves son los de Jamaica, Venezuela y Honduras.
En Brasil, pese a sus esfuerzos, mantiene un 14% de pérdidas. México tiene un panorama mejor: 10,51%, “con una desagregación aproximada de 5,31% técnicas y 5,20% no técnicas”. El estudio incluye una ficha técnica por país que muestra el tamaño de sus mercados eléctricos. Argentina está en el podio con 142.789 gigavatios hora, lideran Brasil (725.100 Gwh) y México (304.011 Gwh).
Lo que sucede en el promedio de la región y en Argentina es tres veces más alto que el promedio recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese valor de piso se consideran también las “pérdidas técnicas”, es decir aquellas que provienen del propio funcionamiento del sistema, básicamente energía perdida en forma de calor y errores de medición. En el mundo desarrollado las pérdidas rondan el 6%.
El trabajo de referencia se enfoca también en la realidad social y económica latinoamericana. En su prólogo sostiene: “Las pérdidas de electricidad constituyen uno de los desafíos estructurales más persistentes y de mayor impacto financiero en los sistemas eléctricos en América Latina y el Caribe. Cuando se mantienen en niveles elevados, no solo reflejan ineficiencias operativas en la gestión de las redes, sino también tensiones más profundas en la arquitectura institucional del sector, vinculadas a incentivos regulatorios, capacidades de control, dinámicas territoriales, marcos legales y condiciones sociales (…) Expresan la complejidad de un fenómeno donde convergen prácticas de fraude, debilidades en la aplicación de la ley y de los procesos comerciales y situaciones de informalidad o exclusión energética”.
El trabajo es especialmente relevante para Santa Fe ya que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) fue una de las empresas distribuidoras de Argentina que fueron consultadas, en dos cuestionarios que se completaron en la provincia. Según el registro de la información de base del estudio, el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica no hizo lo mismo. La EPE santafesina, su par de Córdoba (EPEC), del Chaco (Secheep), Edea y Edesa de la provincia de Buenos Aires y Edesur de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires colaboraron con la investigación.
El trabajo, que se propone mejorar la gestión ante el fenómeno del hurto o el fraude eléctrico, destaca las experiencias de la EPESF y de EPEC. “Un paralelismo interesante se observa en Argentina, donde EPEC y EPESF han desarrollado programas de ‘inclusión eléctrica’ específicos para barrios populares y villas, articulándose estrechamente con gobiernos provinciales y municipales. Esta estrategia implica ejecutar obras de infraestructura previas a la regularización comercial, estableciéndolas como una condición indispensable para garantizar la seguridad eléctrica y la sostenibilidad de la formalización. En estos contextos, la formación cívica incluye enseñar el uso responsable de la energía a referentes barriales, logrando un cambio cultural que se refleja en una mayor tasa de permanencia y menor reincidencia en el fraude”, indica el estudio.
En otro párrafo menciona que en Santa Fe ha mejorado la telemedición en grandes usuarios, es decir, las industrias y comercios que más energía consumen. Destaca que la EPE santafesina atiende 3.300 cuentas “que representan el 49,9% del total de energía facturada, frente a más de 1,3 millones de clientes residenciales”. Del mismo modo, elogia los procedimientos de geolocalización y digitalización de la empresa para asociar los procesos de controles con un inmediato reclamo judicial. “La evidencia fotográfica busca fortalecer la trazabilidad del procedimiento y asegurar su respaldo administrativo y legal, constituyendo la base probatoria para procesos de recuperación de energía y denuncias penales”.