Después de cinco años del primer juicio, Santa Fe se prepara para recibir la atención de todo el país: por primera vez la Justicia investigará el delito de abandono de personas durante la última dictadura militar. Se trata de la causa Chartier, mejor conocida como Laguna Paiva, ya que la mayoría de las víctimas era de esta localidad a 40 kilómetros al norte de la capital santafesina.
La mitad de las víctimas tenía entre 1 y 14 años al momento de los hechos. Además, se investigan los delitos de secuestros, torturas y violación de domicilio cometidos contra 27 personas en 1980. El inicio del juicio será el próximo martes 5 de mayo.
Organismos de derechos humanos invitan a la sociedad santafesina a sumarse a la concentración en la puerta del tribunal el martes a las 8.30 en la esquina de Primera Junta y San Jerónimo. El comienzo estaba estipulado para el pasado martes 28 de abril, pero apenas unos días antes el Tribunal informó que se retrasaría una semana por el cambio de una de las defensas. Ante esta situación, todo el arco de organismos de derechos humanos que acompañan el proceso además de las querellas repudiaron la decisión del Tribunal Oral Federal N°1 de Santa Fe. Resaltaron que se trata de un juicio donde muchos testigos y víctimas deben viajar desde otras ciudades y hasta de otras provincias, por lo que anunciar algo así tan sobre la fecha genera malestar.
En el primer juicio, que tuvo sentencia en 2021, se juzgaron los crímenes cometidos entre febrero y abril de 1980, cuando fueron secuestrados once trabajadores del Frigorífico Nelson —a diez kilómetros de Laguna Paiva—, que pertenecían a la agrupación sindical La Lucha, que a su vez integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Uno de los protagonistas de esta historia fue Catalino Páez, referente del PRT, perseguido ferozmente, difícil de atrapar. De hecho, militares y policías de la provincia montaron un enorme operativo que incluyó localidades tanto de Santa Fe como de Buenos Aires para poder atraparlo. Y esa persecución incluyó también torturar, secuestrar, atacar a todos los integrantes de su familia. En este nuevo juicio se investiga esa parte de la historia y se siguen investigando los secuestros de los trabajadores.
Entre los muchos rasgos a destacar de esta causa hay, al menos, tres que este medio decide resaltar: por primera vez en el país se contempla el abandono de personas como un delito de lesa humanidad; la mitad de las víctimas eran niñas, niños y adolescentes cuando ocurrieron los crímenes y fueron abandonados o secuestrados junto a sus padres en centros clandestinos de detención; y se investigará la responsabilidad de quien entonces era secretario de juzgado pero que en democracia llegó a ser juez federal: Víctor Hermes Brusa. Por eso, algunos de los delitos que se investigan son incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Moisés Vázquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta. Se investigarán 27 casos que incluyen secuestros, torturas y abandono de persona. El miércoles 6 de mayo empiezan las declaraciones que se extenderán al menos hasta fines de mayo, con el testimonio de unos 50 testigos. El primer cronograma estipulaba el veredicto para el 26 de mayo, pero ahora con la reprogramación de las audiencias se espera que recién ocurra después de la feria judicial, a fines de julio o principios de agosto. El cronograma definitivo se conocerá esta semana.
Desde la Fiscalía expresaron a este medio que tienen “gran expectativa con el desarrollo del debate” justamente por la calificación de abandono de persona y secuestro de niños. Destacaron: “Es una causa que hemos trabajado con mucho esfuerzo desde la fiscalía, recurriendo todas las resoluciones adversas que hemos tenido por parte del juzgado federal, para poder llegar a esta instancia”.
Hay cuatro acusados. La Fiscalía repasó sus nombres y responsabilidades: “Se juzgará por primera vez la responsabilidad penal de Antonio Parvellotti, quien fuera Subjefe del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Santa Fe por donde pasaron muchas de las víctimas de la causa y del ex juez federal Víctor Brusa, cuando este ejercía efectivamente el cargo de secretario del juzgado que luego ocupara en democracia. Finalmente, también se determinará la responsabilidad del abogado y policía Oscar Alberto Cayetano Valdéz, quien posee una condena a prisión perpetua por su intervención en la masacre de Ituzaingó y Las Heras de Santa Fe en 1977. Además, se juzgará a Eduardo Enrique Riuli, que ya fue condenado por algunos de los hechos que se van a volver a tratar durante el juicio”.