Una nueva perspectiva teórica propone examinar cómo las decisiones urbanas, aun cuando responden a intereses racionales, pueden producir ciudades más desiguales, fragmentadas y ambientalmente insostenibles. El problema no es necesariamente la falta de conocimiento, sino la subordinación colectiva a intereses particulares.
Una nueva perspectiva teórica propone examinar cómo las decisiones urbanas, aun cuando responden a intereses racionales, pueden producir ciudades más desiguales, fragmentadas y ambientalmente insostenibles. El problema no es necesariamente la falta de conocimiento, sino la subordinación colectiva a intereses particulares.
¿Cómo es posible que sociedades capaces de producir conocimiento, riqueza, infraestructura y tecnología continúen construyendo ciudades que restringen las oportunidades de amplios sectores de su población? ¿Por qué, aun cuando existen instrumentos de planificación, marcos normativos y capacidades técnicas para orientar el desarrollo urbano, persisten procesos que profundizan desigualdades, degradan ecosistemas y dificultan el acceso a vivienda, servicios y espacio público?
La Teoría sobre la Estupidez Urbana parte de estas preguntas para proponer una lectura crítica de los procesos contemporáneos de urbanización. Su planteo central es que una sociedad puede contar con los recursos necesarios para construir una ciudad más equitativa y, sin embargo, producir resultados que contradigan sistemáticamente ese objetivo.
Allí surge la noción de “estupidez urbana”, que refiere a un modo de producción y gestión del territorio en el que determinadas racionalidades particulares prevalecen sobre las necesidades colectivas de habitabilidad, integración social y sustentabilidad ambiental.
Urbanismo del pillaje
Refiere a una modalidad de producción territorial caracterizada por la apropiación selectiva de beneficios derivados de la urbanización, la distribución desigual de costos sociales y ambientales y la concentración del poder sobre el suelo.
La dinámica puede expresarse de distintas maneras. Una transformación urbana incrementa el valor de determinadas propiedades, pero sus beneficios quedan concentrados en ciertos actores. Una expansión periférica incorpora nuevos desarrollos residenciales sin garantizar infraestructuras y servicios suficientes. Una operación de renovación mejora un área, pero puede restringir el acceso de sectores sociales que ya no pueden afrontar sus nuevos costos. Una decisión de densificación aumenta la ocupación del suelo sin una provisión equivalente de transporte, equipamientos o espacios públicos.
Cuando los beneficios tienden a concentrarse, los perjuicios recaen sobre otros sectores y los mecanismos institucionales de regulación y corrección resultan insuficientes. En esas condiciones, la ciudad puede generar riqueza sin distribuir equitativamente sus oportunidades. El desarrollo urbano deja entonces de ser una garantía de bienestar colectivo y se convierte en un terreno de disputa por los beneficios, los recursos y el poder.
Estas condiciones pueden favorecer mecanismos de reproducción tales como: la concentración discrecional del poder de la toma de decisiones de base territorial, la captura o subordinación de las decisiones públicas por parte de intereses particulares, la apropiación selectiva de los beneficios derivados de transformaciones y regulaciones, la externalización de costos sociales y ambientales hacia otros sectores de la población, la fragmentación de las responsabilidades institucionales entre diferentes jurisdicciones, y el debilitamiento de los mecanismos de participación, deliberación y transparencia.
La “estupidez urbana” emerge cuando esa subordinación se vuelve persistente y las instituciones pierden capacidad para corregirla. No se trata, por lo tanto, de una simple falla técnica: es un problema político, económico e institucional que se expresa materialmente en el territorio.
La cuestión decisiva no es solamente qué forma adopta la ciudad, sino qué relaciones sociales y políticas producen esa forma, quiénes se benefician de ella y quiénes quedan relegados. El desafío del urbanismo, según este enfoque, consiste en recuperar la capacidad democrática de decidir para quiénes se construyen las ciudades.