El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Martín Rosúa, expuso los lineamientos del proyecto ‘Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública’ y afirmó que implica un cambio de paradigma en la respuesta estatal.
El legislador de Unidos, Martín Rosúa, se refirió al paquete de reformas de seguridad que se debate en la Legislatura santafesina. En declaraciones a la prensa, afirmó: “Lo que se propone es un cambio de paradigma”, y sostuvo que el Estado comienza a cumplir sus obligaciones con las víctimas y la sociedad.
El proyecto denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, impulsado por el Poder Ejecutivo, propone modificar normas para ampliar la prevención y la investigación del delito y consolidar el plan provincial. Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, defendió la iniciativa.
El debate en comisiones incluye a representantes de la Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Defensa, colegios de abogados y organizaciones civiles.
Rosúa vinculó la iniciativa con la situación que encontró la actual gestión al asumir. Recordó que Rosario atravesaba “una situación gravísima”, con 290 homicidios en 2022 y 261 en 2023 en el departamento, y 400 muertes violentas en la provincia. “Había bandas narcocriminales sembrando terror en las calles”, resumió.
Frente a ese escenario, señaló, el gobierno impulsó una primera ola de reformas: las leyes de Emergencia en Seguridad e Inteligencia, cambios para intervenir en las cárceles, la ley de Microtráfico y dos modificaciones del Código Procesal Penal. “Todas esas reformas tuvieron la misma discusión que se está dando ahora”, dijo.
Y atribuyó a esas medidas parte de los resultados: “Tenemos 70 % menos de homicidios en Rosario, la mitad de los delitos en la provincia y se recuperó la paz social”.
El diputado advirtió que la violencia no desapareció. “El delito no se terminó”, dijo, y sostuvo que las organizaciones criminales se reconfiguran y operan de forma cada vez más compleja y sofisticada. Por eso, afirmó, la Provincia necesita actualizar sus herramientas para anticiparse a esas modalidades.
Los cambios propuestos
El paquete propone acelerar medidas ante riesgos inmediatos, ampliar la investigación y reforzar la intervención territorial y penitenciaria. Habilitaría allanamientos sin orden judicial si se comprueba que una persona lleva armas u otros materiales controlados en la vía pública y hay indicios de que guarda más elementos en su domicilio.
La detección podría surgir de medios fehacientes, incluidos sistemas tecnológicos. Rosúa sostuvo que la medida permitiría interrumpir un delito o hallar lugares de acopio y que el control judicial posterior supondría “un reordenamiento temporal” de las garantías.
Otra herramienta es que la Policía interrogue a sospechosos y a personas presentes en la escena de un delito para reunir información ante un peligro inminente. Si la persona decide no declarar, explicó Rosúa, se convoca a su abogado defensor.
El proyecto también incorpora juicios en ausencia para imputados fugados o que no comparezcan pese a haber sido notificados, y permite a los fiscales solicitar decretos penales por infracciones con penas leves y pruebas contundentes. El condenado tendría diez días para oponerse y defenderse.
En el plano territorial, se crearían zonas policiales especiales ante aumentos sostenidos de la criminalidad, con controles de acceso, límites horarios a la circulación y demoras de hasta 24 horas. También se habilitarían derribos de búnkeres por orden fiscal en casos excepcionales y allanamientos generales en esas zonas.
Para las cárceles, se prevé un régimen agravado para internos que ordenan delitos desde prisión. El paquete amplía las actividades de inteligencia -incluidos el espionaje digital y el clonado de dispositivos y cuentas- y el programa de recompensas.
Además, regula excepciones para validar pruebas obtenidas en circunstancias como la buena fe o el estado de necesidad, y medidas coercitivas no privativas de libertad dispuestas por fiscales, sujetas a revisión judicial si hay oposición.
Para Rosúa, el punto central es analizar “cada problema, la proporcionalidad que presenta, las herramientas para solucionarlo y cuáles son los controles que ponemos en la ley para que se respeten las garantías y los derechos constitucionales”.
Y concluyó: “Si las bandas criminales se van haciendo cada vez más sofisticadas y más complejas, desde el Estado debemos tener herramientas con regulación, autorización judicial, totalmente reguladas y blanqueadas en la ley”.