El Foreign Office confirmó que todas las nuevas licencias de hidrocarburos en las Islas Malvinas requerirán su consentimiento. La medida se produce tras la caída de acciones de empresas del sector y el retiro de Halliburton del proyecto Sea Lion.
El gobierno británico confirmó que todas las nuevas licencias para la explotación de petróleo en las Islas Malvinas requerirán el consentimiento del Foreign Office. Hasta el momento, los permisos para operar en las aguas cercanas al archipiélago eran emitidos por el gobierno isleño.
El subsecretario parlamentario del Foreign Office, Lord Wood of Anfield, ratificó ante la Cámara de los Lores que la autorización del secretario de Estado de Asuntos Exteriores será un requisito ineludible de aquí en adelante. La decisión, según se expuso, asume una responsabilidad directa con el fin de fortalecer la confianza empresarial.
En septiembre, la escalada diplomática y el anuncio de acciones sancionatorias por parte del gobierno argentino impactaron en los mercados. En la Bolsa de Londres, la empresa Rockhopper perdió un 17,9% de su valor bursátil, mientras que Navitas cayó un 11,5% en la de Tel Aviv. Además, la petrolera estadounidense Halliburton decidió no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion.
Consultado específicamente por el representante conservador Lord Moynihan sobre la reciente prórroga de licencias en Sea Lion —cuya primera producción está prevista para 2028—, el funcionario británico evitó confirmar o negar si Londres intervino en esa autorización en particular. Las operadoras de este yacimiento trabajan con licencias ya existentes que contaban únicamente con los contratos firmados por el gobierno isleño y el apoyo del Reino Unido.
El endurecimiento de la postura británica ocurre en paralelo a un debate económico propuesto por el Partido Conservador en Westminster. La oposición hizo pública su intención de exigir que las regalías derivadas de la explotación petrolera en las islas sean compartidas con el Reino Unido. El objetivo es utilizar esos recursos para financiar los gastos de defensa de las islas, que representan unas 75 millones de libras esterlinas anuales cargadas al presupuesto británico. Según los conservadores, esto permitiría aliviar la carga de los contribuyentes y liberar fondos para aplicarlos al presupuesto de defensa del Reino Unido, cumpliendo así con los pedidos de la OTAN.
La decisión comunicada a la Cámara de los Comunes modifica el esquema de permisos de explotación en la región. Esta intervención centralizada de Londres representa una respuesta institucional ante los reclamos de soberanía de Argentina, marcando una política más estricta sobre el control de los recursos de hidrocarburos en el Atlántico Sur.