La Secretaría de Energía amplió el tope bonificable de electricidad y mantuvo la asistencia de luz y gas por encima del cronograma original. En paralelo, inició una depuración de inscripciones antiguas y excluyó beneficiarios en zonas de altos ingresos.
El gobierno nacional postergó nuevamente el recorte de subsidios energéticos a usuarios residenciales previsto para 2026 y anunció nuevos controles sobre los beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Esta semana, la Secretaría de Energía modificó dos variables para las facturas de septiembre: amplió en un tercio el consumo eléctrico bonificable y elevó la asistencia porcentual hasta casi el máximo permitido por el régimen.
La Resolución 221 elevó de 150 a 200 kWh mensuales el bloque de electricidad subsidiable durante septiembre para todos los hogares beneficiarios, sin distinción por zona bioambiental. La norma indica que el esquema original contemplaba 150 kWh y fundamenta la corrección en la necesidad de adecuarlo al “consumo indispensable” observado desde la implementación del régimen. El consumo que supere ese bloque deja de recibir la bonificación nacional.
La Resolución 223 estableció para electricidad una bonificación extraordinaria del 25%, que se suma al descuento general del 50% vigente en septiembre. Así, los beneficiarios del SEF pagarán el 25% del componente energético mayorista dentro del bloque y el Estado cubrirá el 75% restante.
El esquema aprobado a comienzos de año preveía que la ayuda extraordinaria disminuyera mes a mes y llegara a septiembre en 6,82%. En lugar de esa reducción, quedó en el techo del 25%.
En gas natural y propano por redes, Energía fijó para septiembre una bonificación extraordinaria de 24,25%, luego de mantener durante mayo, junio, julio y agosto el refuerzo máximo del 25%. Sumada al 50% general, la cobertura alcanza 74,25% del componente subsidiable.
En paralelo, se informó el nuevo cuadro tarifario para los usuarios de Litoral Gas. La actualización fue autorizada por el ente regulador y modifica los componentes de la factura en toda la región. Para los usuarios santafesinos, el ajuste se cruza con el debate en el Senado de la Nación sobre la reforma al régimen de Zona Fría, que actualmente incluye a hogares del sur provincial con descuentos de hasta el 50%. Si el proyecto prospera, la boleta podría aumentar más allá del ajuste ya vigente.
La Secretaría de Energía informó que comenzó a revisar una parte del padrón. La Disposición 11/2026 ordenó controlar las solicitudes incorporadas al SEF con más de un año de antigüedad que no hayan podido vincularse con un suministro de electricidad o gas informado por las distribuidoras. No se trata de una revisión general de todos los beneficiarios ni de una exclusión automática por ingresos o patrimonio.
La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética busca detectar inscripciones donde los datos declarados no coinciden o no se conectaron con un número de suministro existente en las bases de las prestadoras. Se estima que son cerca de un millón de solicitudes.
Los titulares alcanzados serán notificados mediante los datos de contacto declarados y tendrán 60 días corridos para rectificar, completar o actualizar la información, o informar un nuevo suministro. Si el plazo vence sin solucionar la inconsistencia, la solicitud será dada de baja.
Quedan excluidos de esta depuración quienes solicitaron subsidios para garrafas de GLP, porque ese consumo no está vinculado a un punto físico de suministro.
El ReSEF heredó la información del anterior RASE, por lo que los ya registrados no necesitan volver a inscribirse. La normativa permite actualizar las declaraciones juradas y consultar la situación mediante Mi Argentina. Quienes consideren haber sido excluidos incorrectamente pueden pedir una revisión por Trámites a Distancia.
La secretaría informó que rechazó 17.843 solicitudes de inscripción presentadas por usuarios que viven en Puerto Madero (CABA) o en countries y barrios cerrados del AMBA y la provincia de Córdoba. Además, incorporó por primera vez al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación, lo que permitió excluir a cerca de 500 usuarios que percibían el beneficio pese a residir en zonas de manifiesta capacidad de pago.
“Mediante herramientas de geolocalización y cruce de información con los entes reguladores y las prestadoras, el sistema frenó estas solicitudes antes de que el beneficio se hiciera efectivo”, explicó la secretaría. El relevamiento también detectó que 1.508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025, pese a que el sistema ya los había identificado como no calificados.