La Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe entrevistará este jueves a unos 40 testigos para determinar la conducta del fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, suspendido preventivamente desde noviembre de 2025.
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura de la provincia de Santa Fe, presidida por el senador Raúl Gramajo, entrevistará este jueves a unos 40 testigos citados tanto por la acusación, a cargo del diputado justicialista Marcos Corach, como por la defensa del fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros. El objetivo es recabar elementos para emitir un dictamen sobre la continuidad del magistrado en el cargo.
Rodríguez y Barros se encuentra suspendido de forma preventiva desde finales de noviembre de 2025, por decisión de una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas. En esa oportunidad, se resolvió además una reducción del 50% de su salario y la prohibición de ingresar a sedes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La investigación interna fue impulsada por la propia Fiscalía Regional, que solicitó a la Auditoría de Control de Gestión del MPA una investigación tras una denuncia del fiscal titular de San Jorge, Carlos Eduardo Zoppegni. La Auditoría General de Gestión remitió las actuaciones al Poder Legislativo por considerar que la gravedad institucional excedía el plano administrativo.
La acusación sostiene que Rodríguez y Barros incurrió en «mal desempeño funcional e institucional grave» y en una «pérdida de idoneidad ética sobreviniente». El expediente incluye diversas denuncias: una presunta falsa denuncia por el robo de neumáticos de su vehículo particular para cobrar un seguro; uso indebido de sistemas judiciales, como el ingreso sin autorización al sistema Heimdall para cargar un requerimiento acusatorio en un legajo asignado a otro fiscal; hostigamiento laboral; amenazas; y episodios de violencia de género dentro de la Unidad Fiscal de San Jorge.
En el caso de las cubiertas, la acusación detalla que Rodríguez y Barros denunció el robo de las ruedas delanteras de su Chevrolet Cruze para intentar cobrar el seguro, pese a que antes había comentado a empleados judiciales y funcionarios municipales que una cubierta se había roto tras caer en un pozo. La aseguradora rechazó inicialmente el siniestro por considerar «inverosímil» la mecánica denunciada.
En la causa «Sarandón», el fiscal habría ingresado sin autorización al sistema Heimdall y cargado personalmente un requerimiento acusatorio en un legajo asignado al fiscal Carlos Zoppegni. En ese escrito, Rodríguez y Barros pidió una condena de tres años de prisión condicional para el acusado y una reparación económica de 200 mil pesos a su favor. La acusación sostiene que actuó «como acusador público en un caso donde tenía interés particular», afectando el principio de objetividad.
El propio sindicato de trabajadores judiciales realizó una presentación ante el fiscal Nessier debido a expresiones del personal del MPA de San Jorge sobre presuntas conductas de violencia laboral. Los testimonios incorporados al expediente describen un clima laboral «hostil», con maltratos, intimidaciones y comentarios de connotación sexual.
Tras la audiencia de este jueves, la Comisión de Acuerdos emitirá uno o varios dictámenes para recomendar una votación en sesión conjunta de senadores y diputados. Los legisladores deberán resolver si expulsan a Rodríguez y Barros, lo suspenden por un tiempo determinado o lo absuelven, permitiéndole retomar su tarea en la fiscalía de San Jorge, que forma parte de la Circunscripción N° 1.