Legisladores nacionales de la oposición cuestionaron la iniciativa del Poder Ejecutivo que regula el juego online, al considerar que no aborda la publicidad de plataformas legales.
Diputados nacionales de la oposición manifestaron su rechazo al proyecto de ley del Poder Ejecutivo vinculado a la prevención de la ludopatía, que busca erradicar plataformas ilegales de juegos de azar sin prohibir la publicidad del juego legal.
La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade recordó que la iniciativa que obtuvo media sanción en noviembre de 2024, y que perdió estado parlamentario, «prohibía toda publicidad, mecanismo idéntico al implementado para los cigarrillos, que tan buen resultado dio». Frade afirmó que «con este proyecto ganan las plataformas legales que solo quieren captar la masa de jugadores de las clandestinas» y calificó la propuesta como «una afrenta a la inteligencia de los argentinos».
Para la legisladora, el proyecto «no es de prevención de la ludopatía sino de reafirmación de apoyo a las apuestas online». Agregó que la iniciativa no corresponde al titular del Sedronar, Roberto Moro, sino al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Struzenegger, y que «lo tenían ya escrito hace dos años, cuando en la Cámara de Diputados pudimos dar media sanción con 140 votos».
Frade sostuvo que «las apuestas y casinos online destruyen salud mental de jóvenes, pero también de adultos que afectan a hijos menores» y concluyó que «el proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio del juego».
Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) declaró que, pese a que el Gobierno presenta el proyecto como de prevención de la ludopatía, «lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea». Ferraro cuestionó que «eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas» y que «solo persiguen y sancionan el juego ilegal».
El proyecto del Ejecutivo apunta a combatir la explotación y difusión de plataformas de juego no autorizadas, prohíbe el acceso de menores de edad y establece penas de tres a seis años para responsables de plataformas ilegales, además del bloqueo de dominios y limitación de circuitos de pagos. También se prevé una pena de dos a cuatro años para quienes presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para el funcionamiento de juegos no autorizados, si se demuestra conocimiento de la ilegalidad.
En cuanto a la publicidad legal, la iniciativa establece que «no podrá utilizar contenidos que vinculen la participación en juegos de azar en línea con el éxito personal, laboral o social, o sugieran que tal participación conlleva aceptación social». Además, impulsa campañas de concientización y sensibilización sobre los efectos adversos del juego patológico, y busca fortalecer herramientas de articulación institucional con provincias y organismos competentes.