Un fallo del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba obliga al Pami y al Ministerio de Salud a regularizar la cadena de pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. La medida tiene alcance nacional.
El Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Vaca Narvaja, dictó una resolución que ordena al Pami y al Ministerio de Salud de la Nación normalizar la cadena de pagos a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. El fallo, que tiene alcance nacional, se originó tras una presentación de un colectivo de prestadores.
Pablo Bolego, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), declaró a LT8 que “el incumplimiento del gobierno nacional en la cadena de pagos afecta directamente a las personas con discapacidad de manera irreversible”. Según Bolego, la resolución judicial abarca el pago de prestaciones del programa Incluir Salud, cuyos pagos están suspendidos desde noviembre de 2024, y del Pami.
Bolego afirmó que no están “muy esperanzados” de que el Gobierno cumpla con el fallo, y sostuvo que “no cumple con la ley desde el comienzo de su gestión”. En ese sentido, señaló que “trabajamos enormemente en la ley de emergencia en discapacidad, conseguimos votos, nos reunimos con todos los legisladores y la ley ha salido casi por unanimidad, pero el gobierno decide incumplirla sistemáticamente con diferentes artilugios: desde el veto hasta pasar por la Justicia”.
Desde el sector consideran que el conflicto podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bolego indicó que “esto va a ser un tiro en el pie para el gobierno” y anticipó que “no vamos a abandonar esta lucha”.
El referente de Atraes remarcó que las personas con discapacidad atraviesan “un momento muy complicado” y que se suma la falta de prestaciones básicas. “El gobierno tiene que entender que es muy importante que cumpla con la ley de emergencia y no abandone a las personas con discapacidad. Transitan un momento de complejidad, y más aquellas que tienen una situación de pobreza como las que están en Incluir Salud, que muchas veces asisten a centros de día o centros de rehabilitación y allí reciben la única comida del día”, expresó.
Bolego detalló que en la región “están cerrando muchos centros de rehabilitación y centros de día que atienden a personas con discapacidad”, y que cada vez más transportistas evalúan no continuar con las prestaciones porque los aranceles no acompañan los aumentos de combustibles. No obstante, señaló que lo que los motiva a seguir es “una vinculación que se crea con la persona con discapacidad, porque hay un compromiso social que va más allá de lo económico”.