Un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz revela que casi el 60% del nuevo recorte presupuestario nacional afecta a las provincias, con fuertes reducciones en salud, educación y obra pública.
El 57% del nuevo ajuste de $2,4 billones del presidente Javier Milei recae sobre las provincias, profundizando el recorte sobre salud, educación y obra pública. Así lo señaló el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en un informe en el que analiza los efectos de la decisión administrativa que tomó el gobierno nacional la semana pasada para modificar el presupuesto nacional.
La medida, destinada a garantizar el superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), implica una nueva reducción en diferentes partidas de alta sensibilidad social.
“Entre los programas más afectados aparecen el plan de alfabetización (-$29.998 millones), el fortalecimiento de la salud provincial (-$25.000 millones), las transferencias para obra pública (-$9.053 millones) y el Fondo Salarial Docente (-$8.930 millones)”, señaló el Ceso.
El informe recordó que, desde el inicio del gobierno, las transferencias nacionales a provincias acumulan una caída real del 64%. “Mientras se ajustan recursos para servicios esenciales, aumentan las partidas destinadas al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia”, indicaron los economistas.
El gobierno nacional modificó el lunes pasado el presupuesto para el ejercicio 2026 mediante la Decisión Administrativa 20. Se recortaron $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y se suspendieron transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.
De acuerdo con la planilla anexa de gastos, el principal ajuste impactó sobre el plan nacional de alfabetización. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación. Además, el Poder Ejecutivo eliminó el fondo de compensación salarial docente, por $8.929.835.294, un mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales.
En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686 millones, mientras que el programa de políticas socioeducativas sufrió una reducción de $6.649 millones, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles. Las universidades nacionales también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria, con una poda de $5.303 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.