La ordenanza, impulsada por la edila Samanta Arias, establece un control más duro con persecución penal, inhabilitación definitiva para reincidentes y la obligación de desmantelar vehículos modificados.
El proyecto de ordenanza que busca erradicar las carreras clandestinas en Rosario fue aprobado este jueves en el Concejo Municipal. Tras semanas de debate, la iniciativa de la edila Samanta Arias (La Libertad Avanza) logró construir consensos con el oficialismo y otros bloques, lo que aceleró su tratamiento en las comisiones legislativas para convertirse en una política de Estado local.
La concejala logró alinear a todo el arco político para sancionar la ordenanza de tolerancia cero contra las carreras clandestinas. La norma establece un protocolo de actuación preventiva y permanente, impone la inhabilitación definitiva para reincidentes y obliga a los infractores a pagar el desguace de sus autos y contratar a un ingeniero mecánico si quieren recuperarlos.
«El que usa su vehículo como un arma, lo pierde», sentenció Arias. «Queremos terminar con las picadas ilegales. El que crea que puede usar la calle como pista de carreras tiene que saber que vamos a ser inflexibles», agregó.
La normativa surgió como respuesta directa a la situación crítica en zonas como bulevar Oroño y Lamadrid, y la avenida Carrasco en la zona norte. Según denuncias de los vecinos, estos puntos se transforman en «pistas clandestinas» durante la madrugada, donde el consumo de alcohol y los ruidos molestos completan un escenario de descontrol.
Para revertir el actual panorama —en el que los infractores suelen dispersarse ante la presencia municipal para regresar minutos después— el protocolo propone medidas rigurosas. Uno de los puntos más destacados es la «adecuación técnica obligatoria»: antes de restituir un vehículo secuestrado, el Tribunal de Faltas ordenará el decomiso y destrucción de piezas no homologadas (como sistemas de óxido nitroso o escapes modificados), cuyo costo de desmantelamiento recaerá sobre el infractor.
«El Estado no puede devolverle a un infractor el vehículo con el que puso en riesgo la vida de los rosarinos. Si el auto está modificado para correr, debe desmantelarse», enfatizó la edila de LLA.
Asimismo, la iniciativa contempla la coordinación con los servicios de emergencia y el uso de cámaras de videovigilancia como prueba fundamental. Aunque el oficialismo mostró ciertos reparos respecto a la viabilidad de la inhabilitación judicial definitiva, acompañó el grueso de la norma.
«Hoy el Concejo Municipal convirtió en ordenanza el protocolo antipicadas que presentamos en febrero y esto no es un simple cambio administrativo, es un acto de justicia que Rosario se debía ante las vidas inocentes que se perdieron en todos estos años a manos de estos delincuentes al volante. Nada devuelve una vida, nada repara el daño que han causado en los barrios que sufren hace décadas esta problemática pero nos debíamos una normativa y un protocolo de actuación que nos ayude a sacar de la calle a estos inconscientes», cerró Arias tras la votación, recordando las tragedias que marcaron a la ciudad.