Docentes y especialistas de la Universidad Nacional de Rosario se opusieron al proyecto de reforma de la ley de salud mental presentado por el gobierno nacional, y reclamaron la plena aplicación de la normativa vigente, denunciando falta de financiamiento y precariedad en los dispositivos comunitarios.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que el gobierno propuso en el Congreso generó un amplio debate en Rosario. Especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) trazaron un panorama crítico sobre la precariedad de los dispositivos, los índices de suicidios y violencia, y señalaron la ausencia de políticas públicas.
El Ejecutivo nacional presentó un proyecto que modifica el concepto de «padecimiento mental» por «trastorno mental», fortalece el rol del psiquiatra en las internaciones, habilita instituciones monovalentes (manicomios) y revisa los criterios de «internación involuntaria», en contraposición a la ley sancionada en 2010.
Ignacio Saenz, director del Observatorio de Salud Mental y Adicciones (Osma) de la UNR, afirmó a La Capital que «la ley vigente no es el problema» y destacó que «constituye una de las normativas más avanzadas en salud mental en la región, con un enfoque basado en derechos humanos, interdisciplina y atención comunitaria». Saenz subrayó que el sistema de salud mental no alcanzó el piso presupuestario del 10% del total de salud establecido por la ley, lo que impacta en el desarrollo de dispositivos comunitarios y la accesibilidad a la atención.
Paula Sagué, psicóloga y docente de la UNR, alertó sobre la crisis de salud mental: «Todos los indicadores, como suicidios, consumos problemáticos y violencia, generan alarma. Los equipos de salud no dan abasto, mientras Nación asfixia a las provincias con recortes». La especialista exigió la plena aplicación de la ley vigente y mayor inversión en el sistema.