Familiares de víctimas del fentanilo adulterado se movilizan este viernes frente al Congreso para exigir una ley de trazabilidad exhaustiva y critican el uso político del tema.
El Congreso de la Nación será escenario este viernes de una nueva protesta para pedir justicia por el centenar de muertes vinculadas a la administración de fentanilo adulterado. En el marco de esta convocatoria, algunos familiares de las víctimas apuntaron contra los legisladores oficialistas: «Nos han usado políticamente, han militado con nuestro dolor y con nuestros muertos».
Daniel Oviedo perdió a su hijo el 17 de mayo de 2025 tras una larga agonía por una infección vinculada al uso del fármaco producido por el laboratorio HLB Pharma Group SA. Ante la consulta de LT8, cuestionó la labor del sector alineado con el gobierno nacional a la hora de sancionar una ley que garantice la trazabilidad exhaustiva de ese tipo de medicamentos.
El padre de uno de los pacientes del Hospital Italiano de La Plata señaló que el oficialismo y sus aliados no tienen la voluntad de resolver el problema que expuso la causa penal iniciada hace casi un año. Incluso se quejó de la iniciativa de la diputada nacional Silvana Giudici, una de las representantes de La Libertad Avanza (LLA): «Presentó un proyecto de alerta. Cuando ya se ahogó el niño, vamos y tapamos el pozo».
Los últimos informes oficiales indican 114 personas murieron por la aplicación del fentanilo elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA en varias provincias, muchas de ellas atendidas en efectores de Rosario. Además se investigan las secuelas que tuvieron otras 49 víctimas asistidas con la misma sustancia que provocó una infección bacteriana.
«Nunca tuvimos asistencia de ningún tipo de parte del Estado, que es el responsable», manifestó Oviedo. Así apuntó contra la tarea de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname): «Deberían haber fiscalizado y eso no ocurrió. Tuvieron un montón de alertas por las malas prácticas de fabricación y en vez de cerrarlos, dejaron que el citrato se fuera a la calle e hiciera el desastre que hizo».
En contraste con la disconformidad respecto de la acción de los organismos gubernamentales, el padre de una de las víctimas valoró el trabajo de Ernesto Kreplak como responsable de la investigación penal en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata. En ese sentido, manifestó: «Nosotros estamos confiados, es un juez probo que está haciendo las cosas bien. Se tuvo que poner el tema de trazabilidad al hombro, casualmente. Tuvo que determinar dónde y quién había suministrado (el fentanilo), todo el tema de la logística. La causa tenía muchos cabos sueltos».
«El tema que nos inquieta mucho es que nadie se hace cargo a nivel político», añadió uno de los familiares con respecto a la falta de avances en el Congreso. Por lo pronto, confirmó que este viernes tienen programada una reunión a las 16 en el anexo del Congreso para tratar de que se retomen los proyectos que se discutieron el año pasado. En esta instancia, el objetivo principal que persiguen es fortalecer un sistema de trazabilidad «que ha quedado a la deriva» en Argentina.
Antes de la reunión, el juez solicitó la declaración indagatoria de Ariel García Furfaro, el principal sospechoso entre las 14 personas procesadas por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud. La audiencia se programó para este jueves y se marca en una serie de medidas para profundizar la investigación en base a los nuevos resultados de las evaluaciones del Cuerpo Médico Forense. El titular del laboratorio HLB Pharma no fue a los tribunales bonaerenses para escuchar las preguntas de los fiscales. Con sus abogados presentes, el empresario se quedó en la cárcel de Marcos Paz para participar por videoconferencia a partir de las 11 de la mañana.
El día anterior, Kreplak amplió la indagatoria de otras cuatro personas imputadas. Entre ellas se cuentan el director técnico José Antonio Maiorano; el responsable de la cadena de producción, Wilson Daniel Pons; y Adriana Iudica, otra de las empleadas involucradas en el control de calidad del fentanilo. Finalmente, Nilda García de Furfaro también fue citada este jueves ante el juez bonaerense. La madre del dueño del laboratorio figuraba como directiva de una de las firmas inhabilitadas tras la denuncia sobre los lotes adulterados.