Un juez federal ordenó ampliar la pesquisa sobre créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores, y solicitó una auditoría general del período iniciado en diciembre de 2023.
El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a una serie de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de investigar los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a funcionarios y dirigentes del espacio político gobernante. En paralelo, requirió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que realice una auditoría amplia sobre la política de otorgamiento de estos instrumentos crediticios en dicha entidad bancaria.
La decisión judicial se produjo luego de un dictamen del Ministerio Público Fiscal que pidió investigar denuncias contra autoridades del Banco Nación y contra beneficiarios de los créditos. Entre los nombres mencionados en las pesquisas se encuentran el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase; el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira; y los diputados nacionales Lorena Villaverde y Mariano Campero.
El magistrado ordenó que la AGN identifique, a la brevedad, posibles irregularidades en el otorgamiento de los créditos y sus destinatarios, enfocándose en el período comprendido desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Asimismo, dispuso que se solicite al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al propio Banco Nación, el marco normativo y la documentación completa relativa a los procedimientos de otorgamiento de créditos hipotecarios vigentes.
Las denuncias que originaron la investigación fueron presentadas en los tribunales de Comodoro Py luego de la publicación de la plataforma «¿Cuánto deben?», creada por un programador y un estudiante de abogacía, la cual listaba la situación crediticia de diversos dirigentes políticos a partir de datos públicos del Banco Central.
Desde el Banco Nación, según se informó, ya hubo una presentación ante la Justicia poniéndose a disposición de la investigación. Por su parte, algunos de los funcionarios y legisladores señalados han salido a desmentir las acusaciones a través de redes sociales, asegurando que los créditos obtenidos responden a líneas convencionales abiertas al público y no a tratos preferenciales.
Ahora, con la investigación judicial en marcha, el juez y el fiscal deberán determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de otorgamiento de estos préstamos.