La primera audiencia del proceso, que se desarrolla en la Legislatura provincial, se extendió por once horas. Los defensores plantearon una nulidad y uno de los fiscales acusados defendió su gestión en la investigación del crimen, ocurrido en 2006.
La primera audiencia del jury de enjuiciamiento contra tres de los fiscales que investigaron el homicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en Río Cuarto en 2006, se desarrolló este miércoles en la Legislatura de Córdoba y tuvo una duración de once horas. Los imputados son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.
Al inicio de la jornada, la defensa de Miralles, a cargo de los abogados Daniel Fernández y el exjuez Emilio Andruet, solicitó la nulidad del proceso. Argumentaron que es inconstitucional que la acusación sea llevada por la fiscal General adjunta, Bettina Croppi, y no por el fiscal General de Córdoba, Carlos Lezcano. El planteo fue rechazado.
Posteriormente, declaró el fiscal Javier Di Santo, quien ocupó el estrado durante casi dos horas. Di Santo, que ya enfrentó un jury en 2007 (desestimado en 2011), tiene 38 años de servicio en la Justicia. Rechazó todas las acusaciones en su contra, afirmando que «no hubo mal desempeño» y calificando el proceso como «una acusación deshonesta y poco seria». Aclaró que el homicidio prescribió en noviembre de 2021 y que él fue desplazado de la causa en mayo de 2015.
En su descargo, Di Santo defendió la investigación realizada. Sostuvo que las decisiones tomadas, incluyendo las líneas de investigación seguidas, fueron supervisadas y avaladas por jueces y camaristas. Respecto a la crítica central de la familia Macarrón –por no haber sometido a pericias genéticas a los obreros, entre ellos Roberto Marcos Bárzola–, el fiscal afirmó que «es de total falsedad sostener que no se investigó a Bárzola». Explicó que en su momento se evaluaron las pistas disponibles y no surgieron elementos suficientes para avanzar en esa dirección con la fuerza probatoria necesaria.
Di Santo recordó que, al llegar a la escena del crimen en Villa Golf, se lo había convocado «por un suicidio». Detalló que 26 personas, incluido él mismo, se realizaron pruebas genéticas para evitar contaminaciones. Subrayó que las decisiones se tomaron en un escenario complejo, con múltiples hipótesis y bajo presión pública, pero siempre dentro del marco legal y con el respaldo de la entonces Fiscalía General, a cargo de Gustavo Vidal Lascano.
Finalizado su descargo, Di Santo respondió las preguntas de la fiscal adjunta Bettina Croppi, quien lo cuestionó con dureza siguiendo la acusación de la familia Macarrón. El punto principal fue por qué no se investigó a Bárzola y por qué se imputó a Facundo Macarrón. Di Santo respondió que la imputación se basó en el artículo 306 (sospecha leve) para permitir la defensa técnica, dado que había abundantes restos genéticos del hijo de la víctima en la escena.