En una audiencia de control de acusación celebrada el 17 de marzo de 2026, el Juez de Garantías, doctor Leandro Damián Llorente, dictó el sobreseimiento libre y definitivo de un hombre que había sido acusado de robo, luego de que el Ministerio Público Fiscal confirmara que el informe policial que lo vinculaba al hecho se basó en evidencias inexistentes.
El caso se inició a raíz del robo de pertenencias del interior de un vehículo estacionado en el centro de la ciudad de Corrientes, mediante el uso de inhibidores de señal.
La Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes presentó el Informe N° 553/23, en el cual se detallaba un supuesto análisis de cámaras de seguridad que identificaban al sospechoso y su accionar.
Sin embargo, durante la investigación, el Fiscal de la causa, Dr. Pablo Daniel Sosa, descubrió que:
Registros inexistentes: El personal policial admitió finalmente que las secuencias fílmicas analizadas no existen.
“Error de interpretación”: La fuerza intentó justificar la falta alegando un error administrativo, pero la justicia advirtió que el informe parecía haber sido deliberadamente modificado para incriminar al ciudadano.
Una decisión basada en la Ética Judicial
Al desistir de la acusación, el Fiscal Sosa invocó los principios de lealtad procesal y objetividad. Por su parte, el Dr. Llorente fundamentó el sobreseimiento señalando que, al caer la validez del informe original, toda la evidencia posterior quedaba viciada.
En sus fundamentos, el magistrado enfatizó: “El Estado de Derecho debe tener una aspiración de superioridad ética desde la cual obrar, impidiendo que el poder punitivo actúe con las mismas pautas que las personas que cometen ilícitos”.
Medidas urgentes ante la Jefatura de Policía
Dada la gravedad del hecho, que el juez calificó como una situación que pone en peligro a cualquier ciudadano, el fallo ordena a la Jefatura de Policía de Corrientes iniciar una investigación urgente. El objetivo es deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones disciplinarias o penales que correspondan a los funcionarios involucrados en la confección del informe falso.