Martín Risso Patrón, representante legal de la hija de uno de los hombres alojados en residencias para adultos mayores, solicitó a la Fiscalía que incorpore a la investigación testimonios que darían cuenta de un mecanismo de aprovechamiento económico que incluiría el control de pensiones y la apropiación de viviendas.
El abogado Martín Risso Patrón, que representa a la hija de uno de los hombres alojados en residencias para adultos mayores, pidió que se investigue la presunta apropiación de inmuebles pertenecientes a personas vulnerables. El letrado afirmó que existen testimonios que podrían revelar un mecanismo de aprovechamiento económico que incluía no solamente el manejo de las pensiones, sino también el control de las viviendas. Solicitó que esas situaciones sean incorporadas a la investigación y que se determine quiénes intervinieron.
Risso Patrón habló durante una entrevista con el programa Santa Fe Policiales, que se emite por CYD Litoral. Allí aseguró que existen denuncias y testimonios que, según su interpretación, deberían ser incorporados al expediente. El letrado puso especial énfasis en la presunta apropiación o utilización de viviendas pertenecientes a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, un aspecto que ya había sido mencionado por una ex empleada de los establecimientos.
Relato de un hombre que habría sido despojado de su casa
Según explicó el abogado, durante una audiencia judicial tomó contacto con un hombre que habría sido alojado en una de esas residencias y que le relató una historia que, de ser corroborada, podría abrir una nueva línea investigativa. Risso Patrón relató que durante una audiencia de revisión de la prisión preventiva de la mujer imputada conversó con un hombre que se movilizaba con un andador y que, según dijo, no era víctima en la causa que se trataba en ese momento.
“Me dice que él no quería hablar porque el fiscal se había comprometido a devolverle la casa”, contó el abogado. Según el relato que recibió, el hombre le habría explicado que su familia desconocía que estaba alojado en un geriátrico. “Nunca se enteró de que estaba en un geriátrico, estaba asilado en algún lado. A él lo llevaron, lo escondieron ahí y le quitaron la casa, se la usurparon”, aseguró. Siempre de acuerdo con lo transmitido al abogado, en esa vivienda posteriormente se habría instalado un geriátrico.
Coincidencia con el testimonio de una ex empleada
La denuncia coincide en un punto central con el testimonio aportado por Melina, una ex empleada de los establecimientos, quien también habló en el mismo programa y aseguró que la utilización de propiedades de adultos mayores habría sido una práctica que se repetía. Risso Patrón describió lo que, según entiende, podría haber ocurrido: “Había una captación de estas personas y la utilización económica de estas personas vulnerables. No solamente en quitarle las pensiones que tenían, que eran pensiones muy bajas, sino que además se quedaban con las propiedades”.
El abogado aclaró que su conocimiento sobre este caso proviene de lo que pudo escuchar directamente de esa persona y de la información que posteriormente recibió de una testigo. “El fiscal debe tener más datos y Melina calculo que puede tener otros más”, señaló.
Manejo de una pensión y denuncia por retención indebida
El representante legal de D. R. también puso bajo la lupa el manejo del dinero que percibía el padre de su clienta. Según relató, la familia había solicitado expresamente que la responsable del geriátrico no retirara el dinero de la pensión correspondiente a abril, debido a que necesitaban esos recursos para trasladar al hombre a otro establecimiento. El abogado sostuvo que, pese al pedido, el dinero fue retirado y posteriormente retenido. “Ahí hay una estafa por retención indebida. Por eso es clarísimo, no hay nada que discutir”, afirmó.
La versión de la familia indica que la mujer habría concurrido luego a un Centro Territorial de Denuncia para dejar constancia de que había retirado el dinero, argumentando que correspondía al pago por los servicios de ese mes. Para el abogado, esa explicación no alcanza a justificar lo ocurrido porque la familia ya había comunicado que pretendía trasladar al hombre a otro lugar y había solicitado que los fondos quedaran disponibles para concretar esa operación. “Lo que se evitó fue que se lo pueda sacar de ahí. Se lo confinó un mes más a un abandono que tuvo un mes más que sufrir porque no tenían el dinero para llevarlo a otro lugar”, afirmó.
Medicación y responsabilidades
Otro de los capítulos señalados por el abogado está relacionado con la administración de medicamentos. Risso Patrón aseguró que su clienta le entregó audios en los que un hombre identificado como R., quien habría estado a cargo del cuidado de personas alojadas en uno de los hogares, le manifestaba que la responsable del establecimiento pretendía suministrarle a su padre una cantidad de medicación superior a la indicada por los médicos. “La dueña quiere que le dé mucha más medicación que lo que le corresponde a tu papá, pero yo no voy a hacer eso. No voy a pasar por encima de lo que hicieron los médicos”, habría dicho R., según relató el abogado.
Para el letrado, ese testimonio debería haber generado una reacción de la Fiscalía, dado que podría constituir un elemento para investigar cómo se administraban los medicamentos a los residentes. Risso Patrón también cuestionó que, hasta el momento, la investigación se haya concentrado principalmente en los hechos vinculados con el incendio y en las personas que aparecen como víctimas en esa causa. “Es grave que no haya por lo menos movimiento de parte del Ministerio de la Acusación. Esto me resulta más grave”, sostuvo.
El abogado afirmó que presentó un escrito ante la Fiscalía Regional con la declaración de su clienta y con información relacionada con las distintas denuncias, con el objetivo de que las autoridades tomaran conocimiento de los hechos que, según su planteo, no habían sido investigados.
Posible ampliación de la investigación
En otro tramo de la entrevista, Risso Patrón sostuvo que el expediente podría contener elementos para investigar una eventual privación ilegítima de la libertad, delito que, según afirmó, tampoco habría sido imputado. “Por lo menos en un primer momento, por lo que estuve viendo, lo que le llegó a la OGJ es que había privación ilegítima de libertad, que es un delito que nunca se les imputó. Y evidentemente lo había”, manifestó.
El abogado también cuestionó lo que consideró una inversión de responsabilidades en el caso de su clienta. Según relató, la joven habría sido amenazada con una eventual denuncia por abandono de persona cuando reclamaba documentos y dinero de su padre. Para Risso Patrón, quienes habían asumido el compromiso de cuidar a los adultos mayores eran quienes tenían la obligación de garantizar su atención.
El letrado también hizo referencia a los relatos sobre las condiciones de vida dentro de los establecimientos. Mencionó testimonios según los cuales algunos trabajadores habrían tenido que pedir comida a vecinos porque no había alimentos suficientes.
Líneas a verificar
A partir de los testimonios difundidos en Santa Fe Policiales, aparecen varias líneas que deberán ser verificadas: el manejo de las pensiones, la retención de documentación y tarjetas bancarias, la administración de medicamentos, las condiciones de alojamiento, la eventual privación de libertad y, especialmente, el destino de las propiedades de algunos adultos mayores. El punto más sensible es precisamente este último. Si la Justicia lograra corroborar que personas vulnerables fueron trasladadas a establecimientos y que sus viviendas terminaron siendo utilizadas por quienes administraban los geriátricos, la investigación podría adquirir una dimensión patrimonial de enorme gravedad.
Por ahora, se trata de testimonios, denuncias y afirmaciones de particulares. Pero el volumen y la coincidencia de algunos de esos relatos plantean un interrogante: si detrás de los casos conocidos existe un mecanismo organizado de aprovechamiento económico de adultos mayores vulnerables y, en ese caso, quiénes participaron o facilitaron su funcionamiento.