jueves, 5 noviembre, 2026
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Imputan por tenencia ilegal de arma al detenido por presunto plan contra el gobernador

El fiscal de Ceres, Emiliano Odriozola, imputó este miércoles a Pablo Américo Pinedo, alias Pantera, por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil en el marco de las actuaciones derivadas de una denuncia por un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro. La audiencia se realizó en los tribunales de San Cristóbal ante la jueza Cecilia Alamo.

El fiscal de Ceres, Emiliano Odriozola, imputó este miércoles a Pablo Américo Pinedo, alias Pantera, en el marco de las actuaciones derivadas de una denuncia por un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro.

Durante la audiencia desarrollada en los tribunales de San Cristóbal ante la jueza Cecilia Alamo, la Fiscalía le atribuyó formalmente la tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

El imputado, representado por el abogado defensor Carlos Farías Demalde, permanecerá privado de la libertad al menos hasta este jueves, jornada en la que se resolverá su situación procesal y la eventual imposición de medidas cautelares.

La detención de Pinedo, de 67 años y domiciliado en Ceres, se concretó el pasado 31 de octubre durante un allanamiento en una vivienda situada sobre la calle Matheu, entre Santiago del Estero y Pasaje Público.

La intervención policial se desencadenó a partir de una llamada anónima ingresada a la central de emergencias 911, en la que se advertía sobre una supuesta trama dirigida a atentar contra el mandatario provincial.

Durante la requisa ejecutada por la Policía de Investigaciones (PDI), los efectivos secuestraron un revólver marca Dos Leones calibre 32, cargado con cuatro cartuchos intactos en el tambor y en condiciones operativas de disparo, hallazgo que motivó la apertura de la causa penal de forma inmediata.

El nombre de Pinedo registra antecedentes en investigaciones judiciales de repercusión pública en la provincia. Siete años atrás, el ceresino estuvo procesado en la causa que investigaba la desaparición del menor Maximiliano Sosa, visto por última vez en 2015 en la ciudad de Ceres. Aquella resolución no fue confirmada en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, lo que derivó en la desvinculación formal del imputado en dicho expediente.

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