La mujer de 28 años acusada de golpear y amenazar a su hijo de 9 años en Alto Verde recuperó la libertad este jueves, aunque deberá cumplir una serie de restricciones para resguardar al niño.
La mujer de 28 años acusada de golpear y amenazar a su hijo de 9 años en Alto Verde recuperó la libertad este jueves, aunque deberá cumplir una serie de restricciones para resguardar al niño.
El juez penal Lisandro Aguirre dispuso su liberación bajo alternativas a la prisión preventiva, con una prohibición de acercamiento de 200 metros respecto de la víctima y un impedimento de contacto por cualquier medio.
La resolución se adoptó durante la audiencia de medidas cautelares realizada en los tribunales de Santa Fe, luego de que el martes se formalizara la atribución delictiva contra Brenda Ayelén N.
La mujer está imputada por los delitos de lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y amenazas coactivas, en el marco de una causa que se inició a partir de una alerta en la escuela a la que concurre el chico.
El acuerdo para que continuara el proceso en libertad bajo restricciones contó con el consentimiento del abogado Nicolás Mosconi, representante del Ministerio Público de la Defensa.
Nuevo entorno para el niño
Como parte de las medidas adoptadas, el niño permanecerá al cuidado de un familiar, bajo la intervención y el seguimiento del equipo local de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.
El organismo tendrá ahora la responsabilidad de profundizar la evaluación de la situación y determinar qué alternativa resulta más adecuada para garantizar el bienestar del menor. Entre las posibilidades deberá analizarse la continuidad de su permanencia con familiares o una eventual revinculación con su madre, siempre en función de las condiciones que se establezcan para proteger sus derechos.
En ese contexto, la mujer deberá mudarse de la vivienda de Alto Verde donde ocurrieron los hechos, ya que allí continuará viviendo el niño junto con el nuevo núcleo familiar dispuesto para su cuidado.
Durante la audiencia, el fiscal Ignacio Lascurain solicitó que se diera intervención al Juzgado de Familia para que tomara conocimiento del expediente. Sin embargo, el juez Aguirre rechazó ese planteo.
La intervención del área provincial de Niñez será clave para definir los próximos pasos en el ámbito de la protección familiar, mientras la investigación penal continúa su curso.
Prometió mudarse
Aunque no ejerció su derecho a declarar sobre los hechos que se le atribuyen, la imputada se refirió a su situación cuando fue consultada acerca del alcance de las medidas alternativas a la detención.
Entre lágrimas, manifestó que se mudaría a otra vivienda y que se pondría a disposición de los profesionales del área de Niñez para intentar una revinculación con su hijo.
Esa posibilidad, no obstante, deberá ser evaluada por los organismos competentes y no implica una decisión tomada sobre el futuro vínculo entre ambos. Por el momento, rigen las restricciones dispuestas por el juez para evitar el contacto entre la mujer y el niño.
El origen de la denuncia
La investigación comenzó la semana pasada, cuando una docente de la escuela N.º 95 Simón de Iriondo advirtió que el alumno presentaba lesiones físicas. Según la hipótesis fiscal, al ser consultado, el chico habría señalado a su madre como responsable de las agresiones.
De acuerdo con la atribución delictiva formulada por Lascurain, el episodio habría ocurrido en la vivienda que ambos compartían en la Manzana 1 de Alto Verde. La mujer habría empujado al niño de la silla en la que estaba sentado y le habría provocado lesiones en las orejas, el cuero cabelludo y distintas partes del cuerpo.
La acusación también incluye una presunta amenaza para que el chico no contara lo sucedido, bajo advertencia de recibir nuevos golpes.
La situación fue comunicada a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la detención de la mujer. Según la información policial difundida al comienzo del caso, situaciones similares habrían sido denunciadas anteriormente en otras tres oportunidades.
La causa continúa en etapa de investigación y los hechos atribuidos a la mujer deberán ser acreditados en el proceso judicial.