La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado el proyecto sobre ‘Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales. El articulado sobre tierras obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, mientras que la aprobación en general se dio por 124 votos contra 119 y 6 abstenciones.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles y giró al Senado el proyecto del Gobierno sobre «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales.
El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y la aplicación de la ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. La restitución fue respaldada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.
Votaron en contra los diputados tucumanos Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes. Se abstuvieron los diputados de izquierda Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Pla, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade y Marcela Pagano, de Coherencia.
La aprobación del proyecto en general fue ajustada: 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. Las abstenciones fueron de cinco diputados cordobeses y de Álvaro González, del PRO. Si esas abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, la iniciativa se habría rechazado.
El proyecto será girado al Senado, que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.
La iniciativa llega con media sanción después de que el Senado modificara el proyecto original: se eliminó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego y el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, dado que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.
Con la restitución de la Ley de Tierras se reafirman los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.
La versión aprobada incluye capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y una reforma de la ley de Desalojo para acortar los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.