Referentes del sector reclamaron la prórroga de la ley nacional 24.901 y solicitaron a los legisladores santafesinos que aborden el proyecto en el Congreso. Las organizaciones firmaron una carta dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro.
Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad se movilizaron en Rosario y en otras ciudades del país para manifestarse en relación con los cambios propuestos por el gobierno nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En Rosario, la concentración se realizó en la Plaza San Martín.
Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), sostuvo en declaraciones a La Red Rosario: «Hay más de 350 mil personas en el país desamparadas que esperan una prestación, pero tampoco acceden a salud y educación».
El sector manifestó su rechazo al proyecto que se debate en el Congreso y afirmó que «recorta derechos y no constituye una mejora». Asimismo, existe un dictamen de minoría apoyado por los activistas que prorroga la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
El miércoles 14 de octubre el Congreso se preparaba para debatir esta prórroga, pero los diputados oficialistas con apoyo de sectores aliados no dieron quórum.
Pablo Bolego, presidente de la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad (Fatradis) e integrante del Foro por los derechos de las personas con discapacidad, apuntó en LT8: «Este miércoles se trata dictamen mayoría que es un proyecto que diputados oficialistas llaman superador y de superador no tiene nada».
Chapero puso en duda las declaraciones de funcionarios nacionales que cuestionaron la cantidad de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): «Si hay algo trucho, que estos funcionarios nos muestren las denuncias y pruebas que sostienen su argumento. Lo que pasa es que no hay una ninguna denuncia o investigación de la justicia respecto de las irregularidades que ellos dicen».
La presidenta de Apridis también se refirió a la situación de las familias: «Necesitamos que los pibes, en vez de estar en la casa, estén en un espacio donde puedan aprender y eso hoy no está sucediendo. Las familias están desesperadas porque no tienen trabajo, no tienen obra social y no pueden mandar a sus hijos a un centro terapéutico donde puedan encontrarse con otros pibes con discapacidad, puedan aprender, sociabilizar, jugar como hacen todos y el gobierno está planteando un proyecto que no financia estas cosas».
En este contexto, Chapero y Apridis firmaron una carta dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro en la que exigieron que los diputados de Santa Fe se presenten en la sesión para debatir y votar la prórroga de la emergencia en Discapacidad. «Lamentablemente hay varios por fuera de La Libertad Avanza, que sabemos que no nos van a acompañar, que colaboraron para que no haya quórum la semana pasada», afirmó.
«Hay una responsabilidad que se asume cuando es legislador. Fue un proceso de mucho desgaste conseguir la emergencia, una ley que fue votada cinco veces en el Congreso y que el gobierno sigue en la búsqueda para sacarla en Presupuesto 2027», remarcó Chapero.
Por su parte, Bolego sostuvo que la Ley de Emergencia en Discapacidad no está siendo cumplida en su totalidad porque si bien otorga aumentos mensuales por IPC, «se olvida de más del 30% que perdimos cuando el gobierno devaluó apenas llegó a Casa Rosada».
En la misma línea, el referente del Foro por la Discapacidad criticó que el proyecto del oficialismo «deja en manos del Ejecutivo los requisitos para acceder a la pensión y no podemos confiar en un presidente que fue capaz de vetar la ley de emergencia».
El Foro se reunió con legisladores santafesinos para acercar posiciones y destacaron que encontraron permeabilidad en diputados dialoguistas para prorrogar la emergencia. «Estamos hablando de un colectivo de personas con discapacidad que necesitan su pensión para vivir y de un colectivo de trabajadores que brindan ese apoyo que se están quedando en la calle. Es increíble que estemos con un abogado leyendo letra chica viendo si podemos confiar o no», comentó Bolego.
Un conjunto de organizaciones envió una carta al gobernador Pullaro y a los diputados Gisela Scaglia y José Núñez «ante la gravedad de la situación que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad y la trascendencia de las decisiones que deben adoptarse en el Congreso de la Nación». En el texto solicitaron la prórroga de la ley nacional 24.901.
«El eje central de la presente solicitud es irrenunciable: los derechos de las personas con discapacidad no pueden convertirse en moneda de cambio de ninguna negociación política o económica entre el Gobierno provincial y el Gobierno nacional», sostuvieron en la misiva que llevó la firma de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), Colegio de Terapeutas Ocupacionales, Colegio de Fonoaudiólogos, CTA Regional Rosario, Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe- 2da Circunscripción Rosario, Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), Uendisfe y Acdisfe, entre otros.
En la carta, las organizaciones plantearon que detrás de cada institución que cierra o tratamiento que se interrumpe «hay personas que pierden autonomía e inclusión, y familias sumidas en la incertidumbre». La ley, explican, reconoce el derecho a tener prestaciones en salud y educación.
También aclararon que trabajaron en proyectos sobre estos derechos y presentaron «propuestas concretas» que no tuvieron respuestas. En ese contexto, le pidieron al gobernador Pullaro «que encabece las gestiones necesarias ante el Estado nacional para asegurar que los fondos destinados para el cumplimiento de la Ley 24.901 sean efectivamente garantizados y transferidos conforme a lo que la misma Ley establece» y a los legisladores de Provincias Unidas «que incorporen las modificaciones solicitadas por las organizaciones al proyecto de Ley en discusión». En caso contrario, instaron a «fundamentar públicamente los motivos por los cuales se descartan las propuestas presentadas por las organizaciones».
Por último, las organizaciones firmantes expresaron: «Todavía existe la posibilidad de escuchar, corregir y construir una respuesta que evite profundizar el daño».