La Justicia de Rosario detuvo a Juan Gabriel A., uno de los titulares de la agencia de autos, mientras que Eduardo E. y su hermana Noelia E. fueron declarados en rebeldía. Hay 120 damnificados y una deuda estimada en 3 millones de dólares.
La investigación penal por presuntas estafas en la agencia Rosario Motorsport avanzó en los últimos días con la detención de uno de sus principales responsables. Fuentes oficiales confirmaron este martes que el otro dueño de la firma también tiene un pedido de captura del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El fiscal Iván Enríquez solicitó el arresto de Eduardo E. y Juan Gabriel A. el último domingo, casi un mes y medio después del pedido de apertura del concurso preventivo de acreedores. Solo este último fue detenido entre las personas señaladas por decenas de ventas de vehículos que no se concretaron y una deuda aproximada de 3 millones de dólares en la zona sur de la ciudad.
De acuerdo al registro oficial, el segundo titular de la agencia fue declarado en rebeldía tras el procedimiento de este fin de semana. Lo mismo ocurrió con su hermana Noelia E., también mencionada por los denunciantes como otra de las interlocutoras que participaba en las negociaciones para cambiar coches usados o adquirir unidades cero kilómetro.
¿Qué pasó con los clientes de la agencia Rosario Motorsport?
Desde fines de agosto, los compradores de Rosario Motorsport forman parte de un grupo de 120 personas damnificadas que nunca recibieron los autos comprados en San Martín al 2600. En esa lista se incluyen clientes de otras localidades santafesinas e incluso de provincias vecinas como Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
Los empresarios comenzaron a retrasarse con algunas entregas en el inicio de 2026 y el conflicto se generalizó hasta que decidieron pedir la convocatoria de acreedores en el Juzgado Civil y Comercial 10 de Rosario, a cargo de Mauro Bonato. El magistrado rechazó la solicitud por la inconsistencia de la documentación para acreditar el desequilibrio financiero con el que querían justificar la demora.
Cuando los dueños de la firma anunciaron que habían pedido el concurso preventivo, el MPA empezó a tomar algunas medidas respecto de una causa que ya estaba abierta con las primeras denuncias penales. El local de avenida San Martín fue allanado esa misma semana sin órdenes de arresto, ya que el objetivo principal era buscar los vehículos remanentes y tratar de recuperar los que habían sido entregados como parte de pago.
Semanas más tarde, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió una nueva orden de la Fiscalía Regional Segunda para atrapar a los principales sospechosos. Agentes de la fuerza arrestaron a Juan Gabriel A. en avenida Pellegrini al 800, en el centro de Rosario.
Hermanos en rebeldía
A partir del requerimiento del MPA, Eduardo E. no fue hallado por las fuerzas de seguridad provinciales. Su hermana —identificada como socia de la empresa— también fue declarada en rebeldía después de los procedimientos.
Luego de la captura, los encargados de la investigación esperan imputar al dueño detenido antes de que termine la semana. Sin embargo, hasta este martes a la mañana no había fecha definida para la audiencia en el Centro de Justicia Penal.
Antes de los últimos allanamientos, distintos representantes legales de los compradores habían dado señales de alerta sobre un negocio que no cerraba. El abogado Rodrigo Mazzuchini, impulsor de una decena de denuncias penales, sostuvo que solo había dos explicaciones posibles sobre la debacle de la firma: «Una quiebra fraudulenta o un esquema Ponzi».
El letrado indicó que la agencia hacía «una oferta que no se podía rechazar» cuando alguna persona iba a preguntar precios. «Hay gente muy habilidosa para conseguir que le den dinero», acotó en cuanto al marco general de la comercialización de automotores en la ciudad.
El asesor de un grupo de clientes remarcó que los dueños de Rosario Motorsport «cobraban 5 millones de pesos menos que el valor de mercado» por un cero kilómetro. A continuación precisó que la diferencia prácticamente iguala el margen de ganancia que suelen obtener los vendedores por ese tipo de vehículos. Así concluyó: «Era una estafa, se trabajaba casi a pérdida».