El juez José Luis García Troiano dispuso la demolición de cuatro edificaciones precarias en San Juan y Larrea, barrio Nueva Pompeya, tras acreditar su uso para el narcomenudeo. La medida fue solicitada por el fiscal Eric Fernández y convalidada en audiencia.
La Justicia penal de Santa Fe ordenó demoler cuatro construcciones precarias levantadas sin autorización en un terreno de propiedad de la Municipalidad de Santa Fe, en la esquina de San Juan y Larrea, en barrio Nueva Pompeya.
El juez José Luis García Troiano dispuso la destrucción de las edificaciones durante una audiencia de “cese de estado antijurídico” celebrada este jueves. El fiscal de la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Eric Fernández, solicitó la “inactivación física y cese del estado antijurídico” del inmueble mediante su destrucción total.
En la audiencia participaron el fiscal de Estado Municipal, Miguel Molinari; la representante de la Fiscalía de Estado provincial, Paola Landa; el subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte; el subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruana; la coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo; y Claudio Ponce de León, asesor técnico de Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad. Por la parte acusada asistió Yamila Gisela S., con la defensa del defensor público Alejandro Bustamante.
Según expuso el fiscal Fernández, el predio pertenece a la Municipalidad de Santa Fe y se encuentra usurpado. Sobre el terreno se levantaron cuatro edificaciones precarias sin autorización, ocupadas por distintas personas. Actualmente permanecerían allí tres mujeres y al menos cinco menores de edad, todos vinculados a la causa por infracción a la ley de estupefacientes.
El fiscal detalló que las investigaciones comenzaron a partir de reiteradas denuncias de vecinos al 911, que reportaron disparos, enfrentamientos, amenazas y venta de drogas al menudeo. La División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tareas de observación y constató movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.
El primer allanamiento se realizó el 28 de marzo en las cuatro construcciones, donde se secuestraron marihuana y cocaína fraccionadas para la venta, dinero en efectivo, y se produjeron detenciones. Sin embargo, la actividad delictiva persistió. “El mismo día del allanamiento hubo nuevos llamados al 911 informando que un grupo de personas había vuelto al lugar y se volvieron a escuchar disparos”, relató Fernández.
Entre los reportes incorporados a la causa, el fiscal señaló que vecinos informaron que se utilizaba a niños que simulaban jugar en la vereda, incluso de noche y madrugada, para advertir sobre la presencia policial. El 25 de junio se realizó un segundo allanamiento, que derivó en dos detenciones más y en el secuestro de estupefacientes fraccionados.
Fernández puso énfasis en la “reiterancia y persistencia de la actividad ilícita a pesar de los allanamientos” y sostuvo que existe una “dinámica estructural y sostenida en el tiempo” que configura un “estado antijurídico permanente”.
El fiscal incorporó un informe del Ministerio de Seguridad provincial según el cual entre el 1 de marzo y el 1 de julio de 2026 se registraron 694 llamados al 911 en un radio de 400 metros de San Juan y Larrea, incluyendo disparos, robos, disturbios y venta de estupefacientes. Además, señaló que las construcciones clandestinas carecen de servicios básicos y presentan cables desnudos, lo que representa un riesgo para sus ocupantes. “Es urgente y necesario por motivos de seguridad pública que la esquina sea demolida”, sostuvo.
El fiscal municipal Molinari acompañó el pedido y manifestó que el municipio se ponía a disposición para ejecutar la medida. Landa afirmó que se buscaba dejar “un mensaje claro” respecto de la disposición de los recursos del Estado para intervenir ante cuestiones de seguridad y salud pública.
La defensa pidió rechazar el requerimiento. Bustamante sostuvo que la destrucción excedía los límites de una medida “provisoria y revisable” y que se asemejaba a un decomiso. Afirmó que disponer el derribo implicaría “vulnerar el principio de inocencia sin que exista siquiera una condena”. También calificó la medida como “arbitraria” y cuestionó que desconociera la situación de los ocupantes actuales.
El juez García Troiano rechazó el planteo defensivo y convalidó el derribo. Consideró acreditados la titularidad municipal del inmueble y los fines delictivos de su uso. También ponderó el peligro en la demora por las consecuencias sobre la seguridad y la salud pública. “Es clara la necesidad de la neutralización”, sostuvo al disponer la “inactivación física” de las cuatro edificaciones.
La resolución otorga un plazo de 15 días a la Secretaría de los Derechos de la Niñez para evaluar la situación de los menores que permanecen en el lugar. Además, instó a la Municipalidad de Santa Fe a ofrecer “una fianza suficiente” para responder por eventuales perjuicios a terceros que acrediten un interés legítimo sobre el inmueble.