El Ejecutivo postergó por decreto los aumentos pendientes del impuesto a los combustibles, que debían regir desde septiembre. La medida se conoce en medio del debate por el destino de los fondos viales y los reclamos de las provincias.
El Gobierno nacional postergó nuevamente la actualización de los impuestos que gravan las naftas y el gasoil. La medida fue formalizada este lunes mediante el Decreto 829/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según la norma, los incrementos remanentes comenzarán a regir el 1° de octubre y no desde septiembre como estaba previsto.
La decisión alcanza las actualizaciones acumuladas correspondientes a los años 2024 y 2025 y a los dos primeros trimestres de 2026. No se trata de una eliminación de los aumentos, sino de una nueva postergación. La legislación establece que los importes fijos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono deben actualizarse trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec. Sin embargo, el Ejecutivo viene difiriendo sucesivamente parte de esos ajustes.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y que, bajo ese objetivo, resulta necesario volver a diferir las actualizaciones pendientes. Hasta ahora, el Decreto 617/2025 y sus modificaciones habían llevado hasta el 1° de septiembre la aplicación parcial de los incrementos originados durante 2024, 2025 y el primer trimestre de este año. A esa cuenta se sumaba desde septiembre la actualización correspondiente al segundo trimestre de 2026. Todo quedó reunido ahora para octubre.
La decisión se da en el marco del debate con las provincias por el destino de los fondos viales. El impuesto a los combustibles quedó en el centro de las discusiones políticas luego de que el vocero presidencial admitiera que una parte de lo recaudado a través del SisVial, administrado por Economía, contempla el equilibrio fiscal y no es destinada al mantenimiento vial. En paralelo, las provincias reclaman por corredores deteriorados, la Justicia intervino ante la falta de mantenimiento y el ministro Luis Caputo anunció nuevas concesiones.
En Santa Fe, la Legislatura volvió a reclamar por el deterioro de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio y por el destino de los recursos que Nación continúa recaudando sobre los combustibles. El senador socialista Julio Garibaldi presentó datos para discutir el argumento de que “no hay plata” para mantener las rutas: la incidencia del impuesto sobre el combustible pasó del 8,9% por litro en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de este año. Durante 2025, la recaudación nacional por ese concepto alcanzó $4,8 billones, y el 28,58% tiene como destino legal el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, mientras otro 4,31% corresponde a infraestructura hídrica.
Al Sistema Vial Integrado ingresaron aproximadamente $1,5 billones, pero, según los datos citados en la Legislatura santafesina, el 73,8% no fue ejecutado en infraestructura y más de $1,2 billones terminaron colocados en instrumentos financieros. La discusión adquiere especial sensibilidad en una provincia atravesada por corredores productivos y con sucesivos reclamos judiciales y políticos por las rutas 7, 8, 11, 33 y 34.
En el recinto, la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, sostuvo que los fondos terminaron “en la timba financiera” y recordó que la Justicia ya obligó a Nación a intervenir sobre las rutas 7, 8 y 33 ante un reclamo suyo. Las tareas iniciadas después de las medidas judiciales, aclaró, siguen siendo bacheos y no las repavimentaciones reclamadas.