La iniciativa plantea como oportunidad para una prueba piloto el inmueble de tres pisos y 27 departamentos ubicado en Buenos Aires 1063, decomisado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de una histórica causa de fraude inmobiliario.
El Concejo Municipal de Rosario recibió una propuesta para crear un Régimen de Alquiler Social, destinado a facilitar el acceso a la vivienda mediante contratos formales de alquiler. El proyecto fue presentado por el concejal Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía.
La iniciativa contempla como prueba piloto el inmueble de tres pisos y 27 departamentos ubicado en Buenos Aires 1063, decomisado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de una causa de fraude inmobiliario.
Según el concejal Caruana, «por la ubicación estratégica del inmueble, en una zona de inmejorable conectividad y servicios, presenta una excelente oportunidad para implementar una prueba piloto de un régimen que priorice a personas y familias con dificultades para sostener un alquiler. El déficit habitacional de la ciudad no se ha podido resolver con el incremento de la superficie construida, cada vez se autorizan más desarrollos inmobiliarios pero ello no impacta en las posibilidades de acceso de los sectores de ingresos medios y bajos».
El proyecto establece que el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat será la autoridad de aplicación. Entre sus objetivos principales se encuentra promover la utilización de inmuebles ociosos, decomisados, en situación de vacancia o subutilización.
El régimen priorizará a personas y hogares con dificultades para acceder al mercado formal de alquiler, inquilinos en riesgo de desalojo, personas mayores, familias monoparentales, hogares con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos en situación de especial vulnerabilidad habitacional. También contempla la creación de un sistema específico de garantías y mecanismos para ampliar la oferta de viviendas en alquiler.
Además, plantea la conformación de una mesa de consulta permanente con la Universidad Nacional de Rosario, colegios profesionales, cooperativas de vivienda, organizaciones sociales y otros actores vinculados a la problemática habitacional.
En los fundamentos de la iniciativa, el edil sostiene: «El acceso a una vivienda adecuada no puede quedar exclusivamente sujeto a las reglas del mercado. El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas que permitan garantizar el derecho a la vivienda y la permanencia de las familias en la ciudad».