La defensa de Juan Francisco Trigatti presentó este martes dos recursos extraordinarios federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: uno contra la prisión preventiva y otro contra la condena a 12 años de prisión. Los planteos cuestionan deficiencias procesales, la valoración de pruebas y la pérdida de material audiovisual.
La defensa de Juan Francisco Trigatti presentó este martes dos recursos extraordinarios federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primero cuestiona la prisión preventiva y el segundo la condena a 12 años de prisión. Los escritos fueron presentados por los abogados defensores y ponen el foco en supuestas deficiencias procesales, pruebas que consideran ignoradas o perdidas y una revisión que, según sostienen, no habría garantizado plenamente el derecho de defensa.
Prisión preventiva: ¿cautelar o pena anticipada?
Uno de los planteos se centra en la prisión preventiva. Según la defensa, Trigatti permaneció durante gran parte del proceso en libertad, cumplió con las condiciones impuestas, realizó unas 160 presentaciones semanales ante el Ministerio Público de la Acusación y concurrió a más de 40 audiencias. Los abogados sostienen que esa conducta no evidencia un riesgo concreto de fuga.
Cuestionan que, tras una condena que aún no está firme, la prisión preventiva se haya convertido en una consecuencia casi automática. Para la defensa, esto implica transformar una medida cautelar en una pena anticipada y desconocer el principio de inocencia.
Una absolución que terminó en condena de 12 años
El segundo recurso concentra los cuestionamientos más importantes. Trigatti fue absuelto por unanimidad en el juicio oral y posteriormente recibió una condena de 12 años. La defensa sostiene que la revisión de esa absolución no fue realmente amplia y que la instancia que lo condenó no garantizó un verdadero doble conforme.
Además, señala problemas concretos en la valoración y preservación de la prueba.
Prueba oficial sobre la pandemia
Uno de los planteos se refiere a documentación oficial del Ministerio de Educación. Según la defensa, esos informes indican que Trigatti no dictaba clases en el establecimiento durante el período en que se ubican algunos de los hechos atribuidos, debido a las restricciones por la pandemia. Los abogados sostienen que esa prueba documental fue desplazada en favor de testimonios que consideran contradictorios, sin una explicación suficiente sobre por qué se descartó un elemento objetivo que podía resultar decisivo.
Cuatro informes médicos cuestionados
La defensa también cuestiona el tratamiento de la prueba médica. Cuatro profesionales de la salud, entre ellos integrantes del Equipo Interdisciplinario del Hospital Iturraspe, no habrían encontrado lesiones compatibles con los hechos denunciados. Según los abogados, esas conclusiones fueron relativizadas mientras los jueces realizaron interpretaciones propias sobre registros audiovisuales. La defensa sostiene que los magistrados hicieron una valoración de carácter médico sin contar con la especialidad profesional necesaria.
Las 32 cámaras que podían haber cambiado la investigación
Uno de los puntos del recurso es la pérdida de las imágenes de 32 cámaras de seguridad de la escuela. Según la defensa, esas cámaras registraban sectores donde supuestamente habrían ocurrido los hechos y podían aportar evidencia objetiva para confirmar o descartar las acusaciones. Las filmaciones nunca llegaron al juicio.
La defensa afirma que la Fiscalía resistió durante meses las órdenes judiciales destinadas a secuestrar esos registros. Cuando finalmente se intentó obtenerlos, las imágenes ya habían sido eliminadas por el sistema de sobregrabación. Para los abogados, no se trata simplemente de una prueba que faltó: se perdió una evidencia que podía resultar potencialmente exculpatoria, sin que pudiera ser examinada por la defensa ni por el tribunal.
Cuestionamientos a la Fiscalía y al equilibrio del proceso
Los recursos también plantean objeciones a la actuación de la Fiscalía. Entre ellas, la defensa afirma que la fiscal a cargo habría utilizado a su propia abogada para realizar entrevistas a niñas en el Servicio Local de la Niñez, circunstancia que, según sostienen, comprometería la objetividad del órgano acusador. También cuestiona la incorporación de cuatro organizaciones como Amicus Curiae, porque entiende que su intervención se acercó al rol de parte acusadora y alteró la igualdad de armas.
Una decisión provincial dividida
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja por 4 votos contra 3. La defensa destaca el voto disidente del presidente del tribunal, Dr. Gutiérrez, quien habría considerado que los planteos podían configurar supuestos de arbitrariedad y vulneración de garantías constitucionales.
Ahora será la Corte Suprema de la Nación la que deberá determinar si estos cuestionamientos alcanzan para abrir la instancia extraordinaria. El planteo de la defensa busca poner el foco en si una persona puede ser condenada y privada de su libertad cuando, según sostiene, durante el proceso se perdieron pruebas relevantes, se desestimaron elementos favorables y no se garantizó una revisión amplia de la condena.