Organizaciones sociales de todo el país recolectan firmas para que el Congreso trate un proyecto que declara la emergencia nacional por deudas contraídas para cubrir necesidades básicas. La iniciativa plantea mecanismos de protección y reestructuración para deudores.
La Fundación Alameda y más de 40 organizaciones de todo el país impulsan una campaña nacional de recolección de firmas para exigir que el Congreso trate el proyecto de Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales de las Personas y los Hogares. La propuesta busca reconocer jurídicamente la categoría de «deuda esencial», definida como aquella contraída para garantizar alimentación, vivienda, salud, educación, servicios públicos y otras necesidades indispensables para la subsistencia.
El proyecto, según sus fundamentos, distingue estas deudas de las obligaciones comerciales, empresariales o financieras asumidas con fines de inversión o lucro. Entre las medidas propuestas se incluye la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), la suspensión durante la emergencia de ejecuciones y otras medidas que profundicen la vulnerabilidad, y el establecimiento de mecanismos de condonación, estatización, quita de intereses, reducción de capital y refinanciación según la situación económica de cada hogar.
La iniciativa menciona antecedentes históricos de intervención estatal en crisis económicas, como la absorción de deuda externa privada en 1981-1983, la pesificación asimétrica de 2002, la absorción de pasivos en privatizaciones de los años 90, el uso de BOPREAL para deudas comerciales de importadores y sucesivos regímenes de regularización patrimonial. Los impulsores señalan que estos casos demuestran la capacidad estatal para utilizar herramientas extraordinarias y plantean que esa capacidad debería aplicarse también a las deudas de hogares.
Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda y ex legislador, sostiene que «millones de familias dejaron de endeudarse para comprar una vivienda, mejorar su patrimonio o realizar una inversión. Se endeudan para sobrevivir». Agrega que «la deuda dejó de ser una herramienta de progreso y se convirtió, para muchos hogares, en un mecanismo de subsistencia que termina atrapándolos en un círculo de intereses, refinanciaciones y nuevas deudas».
El texto del proyecto advierte que el sobreendeudamiento «deteriora el mercado interno, profundiza la desigualdad, incrementa la exclusión financiera, afecta la salud, perjudica las trayectorias educativas y compromete la cohesión social». También señala que no se pretende «premiar la irresponsabilidad ni desconocer los contratos», sino evitar que la deuda contraída por necesidad se convierta en una «condena permanente».
La campaña incluye recolección de firmas en plazas, barrios y redes sociales. Los organizadores citan como antecedente de movilización social la experiencia del FRENAPO y la consulta popular de diciembre de 2001. También mencionan programas como el REPRO y el IFE durante la pandemia como ejemplos de intervención estatal para sostener ingresos.
Vera afirmó: «No pedimos que el Estado regale nada: pedimos que haga justicia». Y agregó: «Si hubo recursos, leyes y decisiones políticas para rescatar deudas privadas, empresas y capitales, tiene que haber voluntad política para rescatar a quienes se endeudaron para sobrevivir».