Trabajadores de universidades, Conicet, INTA, INTI, SMN y CNEA firmaron una carta en la que alertan sobre el desfinanciamiento y la pérdida de capacidades del sistema científico. También se pronunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Trabajadores y trabajadoras de Universidades, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) firmaron en conjunto una carta en la que expresan su postura sobre la situación del sistema científico y tecnológico.
En el documento, los firmantes afirmaron que “la inversión pública en la función ciencia y técnica, por debajo del 0.15% del PBI, es la más baja en la historia de nuestro país, al menos desde los últimos 54 años”. Señalaron que el desfinanciamiento sostenido, los retiros voluntarios, despidos y renuncias de personal calificado, así como la paralización de programas estratégicos, “son un proceso planificado por el actual gobierno que busca destruir capacidades construidas durante décadas”.
Los trabajadores sostuvieron que “ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva” y que “lo que está en juego va mucho más allá del doloroso presente, lo que está en juego es el derecho colectivo a tener un futuro”. Las firmas fueron anónimas, según indicaron, “por la persecución y militarización en algunas de nuestras instituciones”.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación por el debilitamiento de organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico”. Los rectores que lo integran advirtieron sobre el “riesgo para la soberanía científica, tecnológica y productiva de la Argentina”.
El CIN instó a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional a “garantizar el funcionamiento y el fortalecimiento de los organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico nacional; suspender las medidas que impliquen la pérdida de capacidades científicas, tecnológicas y profesionales; asegurar el financiamiento necesario para la continuidad de los proyectos estratégicos, y adoptar medidas que garanticen la continuidad de las trayectorias de formación e investigación”.