La administración nacional derogó disposiciones vinculadas a programas de consumo y regulaciones del comercio interior, como parte de un proceso de desregulación que suma más de 240 normas eliminadas desde diciembre de 2023.
El Gobierno nacional eliminó 58 normas vinculadas al comercio interior a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026. La medida busca simplificar las relaciones entre empresas y consumidores y reducir distorsiones que, según la administración, generaban algunas regulaciones heredadas.
La decisión se inscribe en la revisión integral que lleva adelante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME desde diciembre de 2023. Desde entonces, fueron derogadas más de 240 disposiciones consideradas obsoletas o incompatibles con el esquema legal actual, con el objetivo de reducir la carga burocrática y aportar previsibilidad al funcionamiento del mercado.
Entre las normas eliminadas figuran 22 disposiciones relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), creado para intervenir en la cadena triguera y contener el precio de la harina. También se dejaron sin efecto 30 normativas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, instrumentos que buscaban estimular el consumo mediante planes de financiamiento.
La revisión incluyó además cuatro regulaciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar con anticipación el valor de las cuotas. Según la explicación oficial, esa obligación generaba aumentos preventivos y distorsiones en la formación de precios. También se eliminó una disposición complementaria asociada al programa Precios Cuidados.
Asimismo, se dejó sin efecto una normativa vinculada a la atención de adolescentes consumidores, al considerar que duplicaba mecanismos ya existentes. La intención es concentrar los reclamos en un único canal especializado para agilizar las respuestas.
Desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyME sostienen que la eliminación de estas disposiciones permitirá dotar de mayor claridad al marco normativo vigente, reducir ambigüedades regulatorias y disminuir la incertidumbre jurídica que enfrentan empresas y consumidores. La iniciativa forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Ministerio de Economía y se suma a las más de 240 derogaciones concretadas desde el inicio de la gestión.