Entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, un total de 24.437 pymes cerraron sus actividades en todo el país, según un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
Entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, un total de 24.437 pymes cerraron sus actividades en todo el territorio nacional, situación que impactó en los pedidos de concursos y quiebras. El cese de operaciones de estas unidades productivas dejó a 327.813 trabajadores sin la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
El actual escenario económico se caracteriza no solo por la baja en la producción y el consumo, sino también por una ruptura en la cadena de pagos que afecta la capacidad de las firmas para sostener su capital de trabajo. El informe fue presentado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) a través de Germán Alberto Pizzano, abogado del Departamento Legal de la entidad.
El documento alerta sobre la judicialización de la crisis empresaria y el avance del estado de cesación de pagos en el entramado industrial del país. Pizzano explicó: “La crisis PyME ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales”.
Según los datos estadísticos, en el año 2023 se registraron 82 concursos preventivos, mientras que en 2025 la cifra subió a 190, lo que representa un aumento del 131,71%. La tendencia se mantiene al alza durante el inicio de este año. Solo en el primer trimestre judicial de 2026 se abrieron 92 procesos concursales.
El abogado del IPA señaló que “el aumento de los concursos preventivos muestra que muchas empresas están entrando en una situación de impotencia patrimonial” y advirtió que es una señal sobre la supervivencia de miles de unidades productivas. El informe destaca que el cierre de una empresa genera daños estructurales que van más allá del aspecto financiero. “La pérdida de una empresa no termina en un expediente. Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto y rompe cadenas de valor”, afirmó Pizzano.
Ante este panorama, el Observatorio IPA planteó la necesidad de sancionar una legislación de emergencia económica y productiva. El objetivo es otorgar herramientas transitorias como la suspensión de ejecuciones judiciales, la facilitación de soluciones preventivas y la extensión de los plazos concursales para evitar cierres definitivos. El reclamo incluye medidas que permitan recomponer el capital de trabajo de las empresas afectadas.
Desde la entidad aclararon que no se busca una reforma permanente del sistema, sino una respuesta ante la coyuntura. Pizzano sostuvo que “se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra”. Para que estas medidas sean efectivas, el informe remarca que debe existir una recuperación del mercado interno y del crédito productivo.
El documento concluye que el Congreso Nacional debe intervenir para preservar el empleo y el capital nacional. “De la respuesta legislativa depende la supervivencia de miles de compañías argentinas”, finalizó Pizzano, remarcando que las empresas requieren tiempo y condiciones legales para retomar la producción.