La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe interviene en un caso de acogimiento familiar en el norte provincial y solicita informes a las autoridades, al tiempo que advierte sobre los riesgos de la exposición mediática.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe interviene y elevó pedidos de informe a las autoridades correspondientes sobre una situación que tomó estado público en el norte provincial.
Las actuaciones del organismo se enmarcan en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional N° 26.061, el Código Civil y Comercial de la Nación, y la Ley provincial N° 12.967.
La legislación establece que “toda decisión que involucre la vida de una niña o niño debe fundarse prioritariamente en el interés superior del niño, garantizando el respeto de sus vínculos familiares, su identidad y su derecho a ser oído”.
Las medidas de cuidado alternativo tienen carácter excepcional y transitorio, con la finalidad de proteger a niñas y niños mientras se trabaja para el fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios, siempre que ello resulte posible y compatible con su bienestar integral.
Las familias de acogimiento cumplen una función de acompañamiento y sostén afectivo, pero dicha tarea no habilita procesos de adopción por fuera de las decisiones y procedimientos judiciales y administrativos establecidos por la ley. La declaración de adoptabilidad es una medida extrema que solo puede disponerse luego de agotadas las acciones para garantizar el derecho a vivir en la familia de origen o extensa, y mediante resolución judicial fundada.
La Defensoría advierte sobre los riesgos de trasladar al espacio público o mediático situaciones que involucran trayectorias vitales de niñas y niños, ya que puede afectar derechos esenciales como la intimidad, la dignidad, la identidad y la protección contra toda forma de exposición inadecuada.
El organismo sostiene que es necesario seguir trabajando para fortalecer los sistemas de protección integral, acompañar a las familias de origen, reconocer el rol de las familias de acogimiento y garantizar que toda decisión se tome con la legalidad vigente y el respeto a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.