Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ejecutó órdenes de presentación en busca de documentación vinculada a una investigación sobre narcotráfico y legitimación de capitales.
La investigación sobre una estructura de narcotráfico con gran volumen de movimiento en la región avanzó con nuevas diligencias administrativas y judiciales. Por orden del fiscal federal Juan Argibay Molina, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cumplió esta semana órdenes de presentación en las oficinas de la firma Grupo Roma, en Puerto Norte, y en la sede local del sindicato Urgara, en busca de documentación sobre posibles maniobras de lavado de activos.
La causa, caratulada como FRO 11201/2026, se centra en el patrimonio de Ariel Fernando Suppa, detenido en noviembre pasado junto a otras doce personas. Suppa está señalado como el presunto organizador y financista de una banda que, según escuchas telefónicas y anotaciones secuestradas, habría movido 750 kilos de cocaína de alta pureza en poco más de dos meses.
El procedimiento de la PSA comenzó buscando las oficinas de JR Negocios Inmobiliarios. Al verificar que la firma ya no operaba en sus domicilios anteriores, los efectivos se dirigieron a Avenida Carballo 186, sede de Grupo Roma, donde se presume que se encuentra el registro de operaciones en las que intervino la inmobiliaria investigada.
En forma simultánea, los agentes concurrieron a la sede de Urgara en San Lorenzo 2067. Allí, el secretario adjunto del gremio, Andrés Enz, entregó dos boletos de compraventa que son de interés para los fiscales Andrés Carro Rey y Argibay Molina para reconstruir cómo la banda intentaba introducir dinero de origen ilícito en el mercado legal.
Tras el procedimiento, el titular de la desarrolladora, Pablo Cófano, emitió un comunicado aclarando que la medida no fue un allanamiento coactivo, sino una «orden de presentación» de documentación. Desde la firma explicaron que la justicia requirió datos sobre la presunta compra de tres lotes por parte del imputado. «La desarrolladora vendió dos lotes en 2019 que cuentan con la debida justificación de fondos y trazabilidad UIF», señalaron. Respecto a la tercera operación, afirmaron que «nunca se concretó» y que fue una reserva realizada a través de una inmobiliaria externa sobre terrenos que no eran propiedad de Grupo Roma.
La causa se originó en diciembre de 2024 a partir de denuncias por microtráfico en un búnker de calle Braille al 1400. Sin embargo, las escuchas telefónicas revelaron una estructura más compleja que traía la droga desde Bermejo, Bolivia, por vía terrestre. Para los fiscales Franco Benetti, Santiago Alberdi y Matías Scilabra, los hermanos Suppa lideraban una célula mayorista que distribuía panes de cocaína a subdistribuidores locales. En los operativos de noviembre, donde se hallaron 52 kilos de cocaína en una vivienda de calle Vieytes, también se incautaron cuadernos con anotaciones que detallaban un flujo de abastecimiento de gran magnitud para la ciudad de Rosario.