Ya entraron en vigencia los nuevos valores de peajes para las rutas nacionales que el Gobierno confirmó su privatización.
El Gobierno avanzó con un nuevo esquema de concesiones viales al formalizar este martes los contratos que habilitan la explotación, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas nacionales, correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones.
A partir de este miércoles comenzará a regir la nueva operatoria en corredores estratégicos del centro y litoral del país.
El Tramo Oriental quedará bajo la administración de Autovía Construcciones y Servicios S.A. e incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan territorios de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
En paralelo, el Tramo Conexión será gestionado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., que tendrá a su cargo el Puente Rosario–Victoria (RN 174), una vía clave que une Entre Ríos con Santa Fe.
Desde Vialidad Nacional confirmaron que los nuevos valores de peaje comenzarán a aplicarse dentro de las próximas 48 horas. En ese marco, detallaron que “los nuevos valores de los nuevos peajes serán de $1000 el puente Rosario-Victoria y $1900 los de la ruta 12 y la 14”.
La Etapa I comprende más de 700 kilómetros incluidos en el corredor del Mercosur, un eje fundamental que favorece la integración regional con Brasil y Uruguay, conecta pasos fronterizos relevantes y suma infraestructura estratégica como el puente sobre el río Paraná, próximo a puertos y polos productivos del Gran Rosario, con impacto directo en la logística y las exportaciones.
La firma de estos contratos forma parte de un programa más amplio que apunta a reorganizar más de 9000 kilómetros de rutas y autopistas bajo un modelo que, según el Ejecutivo, reemplaza un esquema considerado “deficitario” por uno “transparente, competitivo y sin subsidios directos del Tesoro”.
El nuevo sistema no recibirá aportes estatales, a diferencia del anterior, que era sostenido por fondos públicos para mantener “un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.