A instancias del legislador Matías Gvozdenovich, el bloque de la UCR en la Unicameral le pidió al gobernador Martín Llaryora que se avance en el nombramiento de los jueces de paz de distintas localidades de la geografía cordobesa.
El jefe de la bancada radical advirtió que comunidades del interior provincial vienen reclamando la designación de jueces de paz «para poder avanzar en diferentes trámites de índole personal, comercial y de resolución de conflictos».
Según los datos aportados por la oposición boina blanca, son 29 los aspirantes a jueces que ya han rendido sus respectivos concursos y han sido calificados. Con lo cual, sólo resta la designación por parte del Poder Ejecutivo para que sean nombrados con acuerdo de la Legislatura.
A su vez, suman 15 los postulantes que ya han rendido sus respectivos concursos y están a la espera de «calificación» por parte de la Junta de Calificación y Selección que asiste al Ejecutivo para la designación de los jueces de paz.
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En este marco, el parlamentario de la UCR exhibió su reclamo mediante un proyecto de resolución que plantea «el retraso en los nombramientos de numerosos jueces de paz, que ya cumplimentaron con todo el procedimiento de selección y por la demora de varios postulantes que están a la espera de ser evaluados».
Esto conforma «una demora considerable en la administración de justicia por parte del Gobierno de Córdoba, ante la demanda incrementada por diferentes factores sociales de la sociedad», remarcó el opositor en su iniciativa.
Cabe mencionar que el artículo 169 de la Constitución de Córdoba establece que los jueces de paz son nombrados por el Poder Ejecutivo de la Provincia (PEP), con el acuerdo de la Legislatura, para que la designación sea efectiva.
La ley 9.449, sobre el proceso de selección de los jueces de paz, dispone en su artículo 28 lo concerniente a la elevación al PEP de las órdenes de mérito de los aspirantes una vez cumplidas las etapas del procedimiento establecido en la norma.
«Estas designaciones son importantes para los vecinos del interior, ya que el juez de paz representa el primer acceso a la justicia para los cordobeses del interior», resaltó Gvozdenovich.
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En su demanda dirigida al gobernador Llaryora, el opositor radical destacó que «en épocas donde se reclama federalismo, no se puede ignorar al interior que cada día sufre más la indiferencia de este gobierno».
Al insistir con su planteo, el titular del bloque de legisladores radicales hizo hincapié en el rol «preponderante» de la Justicia de Paz, cuya función es «la de garantizar el acceso a la justicia de la comunidad, por la proximidad en la que se encuentra y de gestionar de manera pacificadora, toda diferencia entre habitantes, vecinos y pobladores de una región determinada», argumentó.