miércoles, 20 mayo, 2026
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Reforma en seguridad: Cococcioni afirmó que el piso de garantías constitucionales está salvaguardado

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió este miércoles el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, asegurando que no vulnera derechos constitucionales. Mientras tanto, se demolió un búnker de drogas en la zona sur de Rosario.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió este miércoles a la propuesta de reformas vinculadas a la política de seguridad, que generó críticas de fuerzas opositoras y especialistas en derecho. En ese contexto, afirmó: «El piso de garantías constitucionales está salvaguardado».

El funcionario sostuvo que es necesaria una nueva modificación del Código Procesal Penal de la provincia. También reivindicó los resultados de la primera oleada de cambios normativos implementados desde diciembre de 2023: «En toda la provincia se empieza a dar respuestas a la problemática del microtráfico en función de las herramientas legislativas que nos han dado hace dos años».

Cococcioni subrayó que los legisladores están «satisfechos» con los datos del informe bianual sobre la desfederalización parcial de la ley de estupefacientes. Luego se refirió al aval que generan los cambios en las estadísticas criminales y concluyó: «Esto nos da el pie para plantear nuevas herramientas».

Si bien Cococcioni expresó conformidad con lo realizado desde el inicio de su gestión, consideró que Santa Fe todavía está lejos de igualar a otras provincias y sigue por encima de la tasa de homicidios nacional. «No podemos decir que estamos bien en materia de seguridad. Los indicadores han mejorado muchísimo si los comparamos con los de 2022 o 2023», explicó.

«Estamos lejos de una situación óptima. Por eso, la instrucción fue no levantar el pie del acelerador», señaló respecto de las órdenes del gobernador Maximiliano Pullaro. En cuanto a la reforma del Código Procesal Penal, puntualizó que el proyecto «no perfora el piso de garantías constitucionales, pero permite llevar hasta el máximo posible el esfuerzo de política criminal».

Previamente, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad había dicho que no era momento de «ablandar» la política para frenar la violencia y el desarrollo de las organizaciones delictivas. «En algunos casos, tal vez nos acercamos a los límites consensuados socialmente, pero ninguna cláusula constitucional es lesionada», remarcó.

Entre las nuevas herramientas en consideración, el Poder Ejecutivo aspira a implementar el procedimiento por decreto penal sin la intervención de un juez para dictar una condena. Sobre este punto, Cococcioni comentó: «En Alemania lo tienen hace un siglo para ofensas leves y no hay ningún cuestionamiento. Lo aplicamos nosotros cada vez que pagamos una multa por estacionar mal».

Mientras Cococcioni se refería al debate legislativo, una cuadrilla enviada por orden judicial inició la demolición de un búnker de drogas en Centeno al 2400. El fiscal César Cabrera confirmó que el lugar era utilizado por la misma banda que regenteaba otros puntos de venta cercanos en la zona sur de la ciudad.

El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) recordó que el sitio fue allanado mientras había un comprador. En ese momento arrestaron a una persona menor de edad y a otra adulta. Después empezaron a verificar si era viable derribar el inmueble, ya que fue utilizado nuevamente para comercializar estupefacientes tras el operativo policial.

«La intervención no es solamente en el búnker sino una intervención barrial en Villa Moreno y Villa Centeno por los índices altos de violencia que había y reportes de venta de estupefacientes», comentó el funcionario judicial. En ese caso puntual, constataron que el lugar no era habitable y prácticamente no tenía techo.

Cabrera adelantó que seguirán adelante con el plan de control territorial e indicó que ya identificaron otros inmuebles similares en varias cuadras a la redonda. En lo que respecta al contexto general de la investigación, fuentes oficiales señalaron que desde principios de 2024 se inactivaron 119 puntos de venta de droga en la provincia y 76 de ellos se ubicaban en Rosario.

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