La denuncia de ANSES contra Cristina Kirchner por haber cobrado el suplemento adicional de 6 millones de pesos mensuales en las dos pensiones que recibía por haber radicado su domicilio en Río Gallegos mientras vivía en Capital Federal, quedó en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita. Con una presentación previa en su fiscalía, decidió abrir la investigación para clarificar los hechos. Los delitos por los que fue denunciada la ex vice son administración fraudulenta, estafa, falsedad ideológica.
El fiscal federal Franco Picardi, quien recibió la última denuncia de la ANSES contra Cristina Kirchner, resolvió enviar todo a su par de Comodoro Py, quien ya había recibido otra presentación que acusaba a la ex vicepresidenta por hechos similares.
Pollicita resolvió impulsar la investigación para determinar si Cristina incurrió en la comisión de algún delito o no.
Cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad, el gobierno resolvió quitarle la jubilación de privilegio que percibía, junto a la que se le abonaba como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.
Según los números oficiales, la expresidenta cobraba un total de 21.827.624 pesos por las dos pensiones graciables que recibía como expresidenta y viuda de otro jefe de Estado. Desde diciembre, Cristina dejó de contar con ese dinero.
A ese planteo se le sumó otra decisión del gobierno libertario: el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, realizó una presentación en los tribunales de Comodoro Py en la que se acusa a la ex presidenta por «presunta estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica» al haber cobrado la Bonificación por Zona Austral en sus dos beneficios previsionales cuando es «de público conocimiento su residencia en CABA».
El presunto delito de falsedad ideológica responde, según la denuncia, a la decisión de haber declarado un domicilio en zona austral que no correspondía con su residencia permanente. «Ello, a fin de poder cobrar un suplemento dinerario a sus asignaciones de privilegio. Esto habría generado un perjuicio fiscal a la ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa».
Al analizar las denuncias, Pollicita decidió abrir la investigación. El fiscal requirió una serie de documentos a Capital Humano vinculados al otorgamiento de los beneficios especiales en los que se encuadran, por ejemplo, el adicional por zona austral.
El representante del Ministerio Público Fiscal también le requirió al ministerio del que depende ANSES que proporcione el detalle de la cantidad de meses en los que Cristina Kirchner cobró el adicional cuestionado y los montos finales que corresponden a dicho período.
En el detalle de la denuncia, el ministerio que dirige Pettovello sostuvo que «la bonificación por zona austral, conforme la exposición de motivos de la Ley 19.485, tiene por objeto ‘coadyuvar al programa de afincamiento y crecimiento demográfico de la región sur del país, posibilitando su desarrollo regional y atendiendo prioritariamente las necesidades sociales derivadas del mayor costo de vida‘».
A la hora de fundamentar este punto, se remarcó que la Ley 19.485, sus ampliatorias y modificatorias detallan cuáles son las provincias y zonas en las cuales deben estar radicados quienes perciban beneficios con aplicación del coeficiente de bonificación por Zona Austral -provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires-«.
El marco legal sostiene que la Bonificación por Zona Austral tiene “causa y fundamento en una política estatal cuyo fundamento es promover el desarrollo de una determinada región mediante su poblamiento».
La denuncia penal se inició después del rechazo por parte de la ANSES de los planteos formulados de Cristina Kirchner y Amado Boudou, con los que pretendían recuperar las asignaciones mensuales vitalicias que les quitaron a ambos el año pasado.