La Fiscalía investiga posibles pagos ilegales a asistentes sociales que se desempeñan en el ámbito de la salud pública, en el marco de la causa por geriátricos clandestinos. El fiscal Marcelo Nessier reveló el dato durante una audiencia en la que solicitó mantener la prisión preventiva de María Laura Milia, quien continuará detenida.
La investigación por el funcionamiento de geriátricos clandestinos en Santa Fe sumó una nueva derivación: la Fiscalía investiga posibles pagos ilegales a asistentes sociales que se desempeñan en el ámbito de la salud pública.
El dato fue revelado este jueves por el fiscal Marcelo Nessier durante una audiencia en la que solicitó mantener la prisión preventiva de María Laura Milia, señalada como responsable de varios establecimientos que alojaban adultos mayores sin las condiciones legales ni sanitarias correspondientes.
El juez penal José Luis García Troiano rechazó el pedido de libertad bajo medidas alternativas formulado por los abogados defensores Claudio Torres del Sel y Francisco García Rossi. De esta manera, Milia continuará detenida, situación que atraviesa desde hace aproximadamente tres meses y medio, cuando quedó involucrada en la causa que se inició tras el incendio de un hogar de barrio Nuevo Horizonte.
La audiencia se desarrolló desde las 11.30 en la Sala 3 del Anexo de Tribunales. Allí, Nessier advirtió que la investigación no está agotada y que existen elementos sobrevinientes que incluso podrían justificar una ampliación de la imputación.
Investigación ampliada
La carpeta judicial se originó el 29 de julio, cuando un incendio en una vivienda de José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, permitió descubrir que siete adultos mayores permanecían alojados en condiciones de extrema vulnerabilidad. Uno de ellos habría prendido fuego un colchón para pedir ayuda. Los residentes estaban encerrados y fue necesaria la intervención de un vecino para que pudieran salir.
La investigación inicial estuvo a cargo del fiscal Manuel Cecchini, quien atribuyó a Milia el delito de abandono de personas. El 7 de agosto, durante la audiencia imputativa presidida por la jueza Rosana Carrara, se expusieron las condiciones de insalubridad, la falta de atención médica y alimentación y las irregularidades en el manejo de la documentación y las pensiones de los residentes. El 11 de agosto se dispuso la prisión preventiva de la mujer.
Sin embargo, el caso pronto excedió lo ocurrido en aquella residencia. El Litoral publicó testimonios y denuncias que involucraban a otros establecimientos vinculados con Milia, tanto en Santa Fe como en Santo Tomé. Entre ellos aparecieron referencias a una residencia de calle Salvador del Carril y otra de barrio Cabaña Leiva, además de inmuebles que habrían sido utilizados para abrir nuevos hogares.
También se incorporaron denuncias sobre el manejo de tarjetas bancarias, documentos personales, medicamentos y dinero de los adultos mayores. Una familiar sostuvo que la responsable del establecimiento había retenido la tarjeta de cobro de la pensión de su padre y que existían irregularidades en la administración de sus recursos. Una exempleada, por su parte, describió presuntas maniobras relacionadas con las propiedades de personas alojadas en esos hogares. Se trata de hechos que deberán ser corroborados judicialmente.
Transferencias bajo sospecha
En ese contexto se inscribe la nueva línea investigativa que expuso Nessier. El fiscal explicó que el MPA cuenta con al menos 25 informes bancarios en los que aparecen transferencias entre Milia y tres asistentes sociales que se desempeñan en el ámbito de la Municipalidad de Santa Fe y del Hospital Protomédico de Recreo.
Según sostuvo, esos movimientos económicos resultan sospechosos y dieron lugar a una investigación por presunto cohecho. La Fiscalía busca determinar si existieron pagos a cambio de intervenciones o derivaciones de adultos mayores hacia los establecimientos administrados por la imputada.
La hipótesis ya había sido anticipada por El Litoral, que informó sobre los pedidos de información cursados a una veintena de bancos y una docena de billeteras virtuales. La pesquisa contempla, además, posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público por parte de agentes estatales.
“La Fiscalía investiga un cohecho”, resumió Nessier, quien aclaró que desconoce los términos del eventual juicio abreviado que se había negociado antes de asumir la conducción de la investigación. También anticipó que los nuevos elementos podrían dar lugar a una ampliación de la imputación.
Libertad bajo alternativas
La defensa, representada por Claudio Torres del Sel y Francisco García Rossi, pidió que Milia recuperara la libertad bajo alternativas. Propuso que fijara domicilio en la casa de su padre, en la ciudad de Santa Fe, y que se le impusiera una prohibición de contacto con las personas mencionadas en la causa.
Torres del Sel cuestionó que su defendida continuara detenida mientras el cuidador que estaba a cargo del geriátrico el día del incendio había recuperado la libertad a los pocos días. También sostuvo que Milia se había ocupado de personas mayores abandonadas por sus familiares o que no podían afrontar el costo de una residencia habilitada, y planteó que las negociaciones para un juicio abreviado se frustraron cuando el caso adquirió mayor repercusión pública.
En otro tramo, cuestionó la autonomía de los fiscales y apuntó contra el fiscal Regional, Jorge Nessier, y la fiscal General, María Cecilia Vranicich, a quienes atribuyó decisiones que, según su interpretación, condicionan el trabajo de los investigadores.
Fundamentos del juez
El juez García Troiano, sin embargo, consideró que no estaban dadas las condiciones para morigerar la cautelar. Al analizar los siete hechos de abandono de personas atribuidos a Milia, sostuvo que existen elementos para considerar que colocó deliberadamente en situación de desamparo a quienes estaban bajo su cuidado.
Entre los episodios mencionó el caso de un adulto mayor que perdió la vista por no recibir atención médica adecuada, pese a que sus familiares habían transferido dinero a Milia en dos oportunidades para comprarle medicamentos.
También ponderó las condiciones de alimentación, higiene y atención sanitaria denunciadas por los residentes y destacó la vulnerabilidad extrema en la que se encontraban. “Este desamparo de colocar en un lugar no habilitado a los adultos mayores está presente en la conducta de la persona que revestía calidad de gerente”, afirmó.
Respecto de los riesgos procesales, consideró que la demora de siete días de Milia en presentarse ante la Justicia constituye un indicador de peligro de fuga. Pero hizo especial hincapié en el entorpecimiento probatorio, a partir de la desaparición del teléfono celular de la imputada, que podría contener información personal y comunicaciones relevantes para la investigación.
También señaló la necesidad de preservar los testimonios de las víctimas, tanto en las entrevistas en cámara Gesell como ante un eventual juicio oral. “Entiendo que las alternativas no son suficientes, sobre todo por los peligros de entorpecimiento probatorio”, concluyó.
Por último, García Troiano ordenó oficiar a la Municipalidad de Santa Fe para que determine la reubicación de tres adultos mayores que, según lo manifestado por la defensa, todavía permanecerían alojados en uno de los establecimientos clandestinos vinculados a Milia, en la zona de Cabaña Leiva.
