miércoles, 18 noviembre, 2026
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Diputados debate el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

La Cámara de Diputados debate este miércoles el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía sanciones por explotación de recursos naturales en Malvinas y crea un Consejo de Seguridad Nacional.

La Cámara de Diputados tiene previsto debatir este miércoles 18 de noviembre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley de Malvinas.

La iniciativa del Gobierno busca ampliar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las islas y sus espacios marítimos sin autorización argentina. También crea un Consejo de Seguridad Nacional e incorpora cambios en materia de defensa, inteligencia e injerencia extranjera.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, por lo que quedó habilitado para su tratamiento en el recinto.

Aunque el nombre remite a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, el texto abarca más que la cuestión territorial. Propone modificar el régimen de sanciones para las actividades económicas no autorizadas en el Atlántico Sur, reorganizar aspectos del sistema de seguridad nacional y sumar nuevas figuras penales vinculadas con la intervención de actores extranjeros.

La discusión legislativa se concentra en el alcance de esas facultades, las sanciones previstas y los controles sobre las decisiones del Poder Ejecutivo. El debate no se limita a cómo proteger los recursos naturales cuya soberanía reclama la Argentina, sino también a qué herramientas podrá utilizar el Estado y bajo qué controles.

Qué establece el proyecto sobre Malvinas y los recursos naturales

El primer eje de la iniciativa es ampliar las prohibiciones que actualmente establece la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas. Esa norma está orientada principalmente a impedir actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en las áreas vinculadas con las Islas Malvinas.

El nuevo proyecto extiende ese alcance a los recursos naturales renovables y no renovables. Esto significa que no se limitaría al petróleo y al gas: también comprendería actividades relacionadas con la pesca, la minería y otros aprovechamientos económicos.

El artículo 3 establece que ninguna persona o empresa, argentina o extranjera, podrá desarrollar esas actividades sin la habilitación de la autoridad argentina competente. La prohibición también alcanza a quienes proporcionen bienes o servicios esenciales para llevarlas adelante, cuando conozcan o no puedan desconocer ese destino.

Además, contempla a socios, accionistas y participantes directos de empresas involucradas, aunque establece excepciones para determinadas participaciones minoritarias de hasta el 2% y para ciertos vehículos de inversión que no ejerzan discrecionalidad sobre los valores que poseen.

El proyecto prevé sanciones administrativas que incluyen multas calculadas en función del precio internacional del barril de petróleo, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones de entre cinco y veinte años.

En materia penal, el texto establece penas de prisión para quienes realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales sin autorización. En los casos más graves, vinculados con la extracción de hidrocarburos, las condenas previstas pueden llegar a los veinte años.

La creación de un Consejo de Seguridad Nacional

Otro capítulo importante propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, además de autoridades de inteligencia y de la Secretaría Legal y Técnica.

El organismo tendría a su cargo coordinar políticas vinculadas con la defensa, la inteligencia, la seguridad nacional, la protección de infraestructuras críticas y los intereses estratégicos del país.

El texto también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para controlar las medidas que adopte el Consejo. Entre otras atribuciones, podrá requerir informes y recibir información sobre decisiones urgentes.

Este punto genera discusión porque implica establecer una nueva estructura de coordinación estatal con facultades relevantes. Entre las objeciones planteadas en los dictámenes de minoría aparecen cuestionamientos sobre la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo y la necesidad de garantizar controles parlamentarios y judiciales suficientes.

Qué artículos generan más controversia

Además de las sanciones por explotación de recursos naturales, uno de los puntos que concentra diferencias es el régimen de revisión de inversiones extranjeras previsto en el Título V.

El artículo 111 establece que determinadas inversiones realizadas por Estados extranjeros o empresas controladas por ellos deberán contar con la conformidad previa o quedar sujetas a revisión del Consejo de Seguridad Nacional.

La medida alcanza a sectores considerados estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales, además de infraestructuras críticas.

El proyecto contempla que una operación pueda ser autorizada, quedar sujeta a condiciones o ser rechazada si representa un riesgo significativo para la seguridad nacional. También prevé la posibilidad de exigir medidas de desinversión en determinadas circunstancias.

Otro apartado discutido es el que incorpora delitos vinculados con la injerencia extranjera. El artículo 129 propone penas de cinco a doce años de prisión para quienes, con conocimiento de que actúan por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, organicen o financien campañas de injerencia extranjera o actos de violencia y sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes.

El texto define esas campañas como acciones planificadas y sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten su vínculo con un actor extranjero y busquen alterar elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar decisiones de las autoridades.

La redacción del dictamen de mayoría excluye expresamente de esa definición la actividad diplomática realizada conforme al derecho internacional, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses. Sin embargo, el alcance de la figura penal y sus posibles efectos sobre la libertad de expresión forman parte de las objeciones planteadas durante el debate en comisiones.

Qué consecuencias podría tener si se aprueba

Si el Congreso convierte el proyecto en ley, las empresas que participen en actividades no autorizadas sobre recursos naturales en las áreas alcanzadas podrían enfrentar un régimen de sanciones más amplio que el actual. La responsabilidad también podría extenderse a proveedores y a determinados participantes societarios.

Para el Estado, la iniciativa implicaría nuevas herramientas de coordinación en materia de seguridad nacional y un mecanismo para revisar ciertas inversiones extranjeras en sectores estratégicos. También incorporaría nuevas figuras penales y restricciones al financiamiento electoral proveniente de personas o empresas extranjeras.

No se trata de una norma que modifique de manera directa cuestiones cotidianas como los precios, los salarios o los servicios públicos. Sus efectos serían principalmente institucionales, económicos y jurídicos: cambiaría las reglas para determinadas actividades empresariales, las competencias de organismos estatales y las sanciones aplicables ante ciertas conductas.

El alcance concreto dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso y de su posterior reglamentación.

Qué debe resolver Diputados

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría el 27 de octubre en un plenario de tres comisiones de la Cámara baja. La propuesta reunió 60 firmas sobre 104 diputados presentes y quedó en condiciones de llegar al recinto.

El tratamiento de la iniciativa, sin embargo, está atravesado por diferencias entre el oficialismo y otros bloques, especialmente sobre los capítulos que incorporan modificaciones penales, regulan la injerencia extranjera y establecen nuevas facultades para el Consejo de Seguridad Nacional.

Por eso, el debate de este miércoles será clave para conocer si el proyecto consigue los respaldos necesarios y si llega al recinto con modificaciones. Hasta que Diputados vote y se complete el trámite legislativo correspondiente, las disposiciones propuestas no tienen vigencia.

La iniciativa busca ampliar las herramientas legales para defender los recursos y los intereses argentinos en el Atlántico Sur, pero también plantea una discusión más amplia sobre los límites del poder estatal, la seguridad nacional y las garantías constitucionales.

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