El oficialismo cuenta con los votos para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados, pero sectores dialoguistas resisten el capítulo 7, que podría ser eliminado en la votación en particular. La sesión está prevista para el miércoles a las 12.
El oficialismo tiene los votos para aprobar en general el próximo miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero podría sufrir la eliminación de un capítulo entero resistido por sectores dialoguistas.
El jueves pasado, el oficialismo intentó alinear a sus aliados en un encuentro a puertas cerradas en el Salón de Honor y obtuvo reacciones diversas: el PRO y la UCR se comprometieron a apoyar el texto con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la monobloquista radical Karina Banfi exigieron cambios mayores en el capítulo 7 a cambio de sus votos.
Por el momento, el oficialismo solamente prometió retoques menores, lo que aumenta el riesgo de que el capítulo entero sea rechazado en la votación en particular.
Una vez que se vote en general, se pasará al desglose por capítulos y el 7 en particular necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación porque propone, entre otros elementos, cambios al sistema electoral. Esa cantidad de votos no está garantizada y por ese motivo no se descarta que el Gobierno acepte a último momento quitar el capítulo para lograr un respaldo amplio en torno al núcleo de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
La sesión, prevista para este miércoles desde las 12 del mediodía, también incluye en el temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y de delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la enmienda al Protocolo de Montevideo.
El resistido capítulo 7
El capítulo 7 prevé multas importantes a extranjeros sin residencia permanente en el país y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. Además, crea tipos penales vinculados a la «injerencia extranjera». Por caso, propone penas de prisión por «facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación». También dispone penas de prisión por poner los secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero, y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas de inteligencia por cuenta de un Estado extranjero.
Se prohíbe la organización, financiación y ejecución de «campañas de injerencia extranjera» y de «actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes».
A raíz de las críticas recibidas, el Gobierno aceptó excluir de cualquier tipo de persecución penal o económica a «la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica» y «la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable».
Otros puntos que generan dudas en algunas fuerzas políticas son el rol de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior y los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de barcos.
Los puntos clave del proyecto de Malvinas
El principio rector de la iniciativa es aumentar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una «amenaza externa» de definición vaga. Para el peronismo y la izquierda, el proyecto es un «caballo de Troya» que esconde una concentración de poder en el Poder Ejecutivo para tomar medidas de excepción como si fueran normales.
Si bien el proyecto mantuvo las sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, se dejó afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones. Además, se suavizaron las multas, pasando de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo (texto original) a entre 2 mil y 40 mil.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores. Este nuevo órgano, que tiene la tarea primaria de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en «operaciones no convencionales» son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en la reforma. Este elemento es uno de los que más críticas levanta porque se desdibuja la separación de funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.
Una modificación que el oficialismo concedió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. Según el articulado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas.
Otro punto polémico es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista si hay «motivos razonables para sospechar». Para la oposición, los conceptos de «terrorismo» y «amenaza externa» aparecen con una definición laxa, sin precisión técnica, y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.
Fuente: NA
