La excontratada de la Subsecretaría de Control prestó testimonio ante la Justicia en la investigación sobre una presunta red de espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain. El juez Martín Torres le otorgó la probation por un año con reglas de conducta.
En el marco de la causa que investiga una presunta red de espionaje e inteligencia ilegal durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, la excontratada de la Subsecretaría de Control Milagros Bernard prestó una extensa declaración ante la Justicia. Su testimonio aportó claves sobre el engranaje operativo interno y derivó en la concesión de una probation.
Bernard, que enfrentaba cargos por presunta asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de la Ley de Inteligencia Nacional, violación de secretos y destrucción de pruebas, declaró a lo largo de varias horas ante los tribunales locales. Ante las autoridades judiciales, buscó reconstruir cómo funcionaban las áreas involucradas y el Organismo de Investigaciones, detallando la dinámica empleada para la elaboración de perfilamientos sobre dirigentes políticos, periodistas, empresarios y funcionarios judiciales.
Asimismo, la imputada hizo foco en presuntas irregularidades procesales, señalando la existencia de filtraciones previas a operativos judiciales —destinadas supuestamente a entorpecer la recolección de pruebas— y cuestionando el manejo y la cadena de custodia de dispositivos celulares secuestrados antes de sus respectivos peritajes técnicos.
Suspensión del juicio a prueba
Tras la declaración de Bernard, el juez penal Martín Torres resolvió otorgarle la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. La medida contó con la conformidad de los fiscales de la causa y de los representantes de la querella, entre los que figuran la Fiscalía de Estado y la querella en representación del gobernador Maximiliano Pullaro.
Para acceder a este beneficio legal y extinguir la acción penal en su contra al cabo de los doce meses, Bernard deberá cumplir estrictas reglas de conducta:
- Inhabilitación y absoluta abstención de ejercer cargos públicos durante el período establecido.
- Prohibición absoluta de mantener contacto con los testigos, denunciantes y los demás imputados que continúan vinculados al expediente.
- Fijación de domicilio en la ciudad de Rosario y sometimiento al control de la Agencia Provincial de Medidas No Privativas de la Libertad.
- Una reparación económica consistente en la donación de 1.500.000 pesos destinados a una entidad de asistencia o inclusión social.
El impacto en la causa principal
El testimonio y la posterior resolución en torno a la situación procesal de Bernard marcan un nuevo hito en el expediente que investiga el espionaje ilegal en territorio santafesino. Mientras la situación de la excolaboradora se encamina hacia su cierre definitivo condicionado al cumplimiento de las pautas fijadas, la investigación central avanza hacia las instancias de debate oral para el resto de los principales imputados, encabezados por el exministro Marcelo Sain, sobre quien pesa un pedido de pena de 11 años de prisión por parte de la fiscalía.