El canciller Pablo Quirno y el director del Museo Histórico Sarmiento fueron denunciados penalmente por la suspensión de dos funciones de un ciclo de cine ruso. La presentación judicial les atribuye abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y actos discriminatorios.
El canciller Pablo Quirno y el director del Museo Histórico Sarmiento fueron denunciados penalmente por la cancelación de dos funciones de un ciclo de cine ruso que se realizaba en esa institución. La presentación judicial les atribuye, en principio, los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, además de actos discriminatorios.
La denuncia fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, quienes cuestionaron la decisión de suspender las proyecciones previstas para los domingos 18 y 25 de octubre.
Las películas que quedaron fuera de la programación pertenecían a realizadores rusos, entre ellos Andrey Zvyagintsev y Aleksandr Sokurov, identificados en la presentación como directores disidentes o críticos de la actual administración gubernamental de Rusia.
Uno de los puntos centrales del planteo es el motivo que habría desencadenado la cancelación. Según los denunciantes, las propias autoridades del museo reconocieron que la decisión se adoptó luego de que ingresara una nota formal de la Embajada de Ucrania a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Frente a ese escenario, sostuvieron que las autoridades optaron por levantar la actividad bajo el argumento de la «prudencia institucional», en lugar de preservar la autonomía cultural y la libertad de expresión.
Para los denunciantes, la medida constituyó un acto de censura previa. En ese sentido, afirmaron que se restringió el acceso del público a determinadas expresiones culturales por la nacionalidad y el origen de las obras.
«La cancelación configura un acto de censura previa fundado exclusivamente en la nacionalidad y origen de las obras de arte expuestas», señala el escrito.
Además, plantearon que la decisión no afecta solamente a quienes tenían previsto asistir a las funciones, sino también a las personas que facilitaron las películas para su exhibición y a sus realizadores. Según argumentaron, se habría impedido la difusión de sus ideas por «oscuras motivaciones políticas».
Qué delitos les atribuyen
Los denunciantes invocaron el artículo 248 del Código Penal, que contempla el abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público. Consideraron que los funcionarios habrían dictado órdenes contrarias a las normas nacionales al disponer la cancelación de las proyecciones y omitir garantizar derechos constitucionales vinculados con la cultura y la libertad de expresión.
También invocaron la Ley 23.592 de actos discriminatorios. En este caso, sostuvieron que se habría restringido el ejercicio igualitario de derechos fundamentales por motivos relacionados con la nacionalidad, la ideología o el origen geográfico de los creadores de las películas.
Para avanzar con la investigación, pidieron que se libre un oficio a Cancillería para que remita una copia certificada de la nota presentada por la Embajada de Ucrania, junto con los dictámenes y pases administrativos que se hayan generado y enviado a la Secretaría de Cultura.
También solicitaron que el Museo Histórico Sarmiento informe cuál fue el acto administrativo o la disposición que ordenó levantar las funciones, y si existió un pedido de Cancillería en ese sentido.
Además, requirieron que se identifique a las personas que ofrecieron las películas para su reproducción o participaron de la programación, con el objetivo de que puedan declarar como testigos.
Finalmente, pidieron que se tenga por formulada la denuncia, que se dé intervención al fiscal para iniciar la investigación y que, oportunamente, se cite a los funcionarios denunciados a prestar declaración indagatoria.