martes, 27 octubre, 2026
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Prisión preventiva para un hombre acusado de siete estafas con alquileres en Santa Fe

Un hombre que cumplía libertad condicional por un homicidio cometido en 2006 quedó detenido acusado de ofrecer falsos alquileres en redes sociales y cobrar adelantos sin entregar las viviendas. La medida fue dispuesta por el juez Martín Torres a pedido del fiscal Guillermo Persello.

Un hombre que cumplía en libertad condicional una condena a 25 años de prisión por homicidio quedó en prisión preventiva en Santa Fe, acusado de cometer siete estafas vinculadas con el alquiler de una vivienda. La investigación sostiene que ofrecía el inmueble en redes sociales, cobraba adelantos y luego dejaba de responder a los interesados, que nunca recibían las llaves ni recuperaban el dinero.

La medida fue dispuesta el miércoles 21 de octubre por el juez penal Martín Torres, a pedido del fiscal Guillermo Persello. El imputado también fue acusado de usurpación, en una causa que tiene como escenario una propiedad de calle Güemes al 4600, en barrio Candioti Norte.

Los hechos investigados ocurrieron durante 2026 y tuvieron como víctimas a ocho personas. Según la Fiscalía, el acusado publicaba ofertas de alquiler en Facebook, mostraba la casa, acordaba un precio mensual y firmaba contratos entre particulares. Después de recibir el dinero, comenzaba a dar excusas y finalmente cortaba la comunicación.

Adelantos y mentiras

Las denuncias describen una modalidad similar, aunque con distintas sumas y fechas. Uno de los damnificados, William C., acordó un alquiler mensual de $350.000. El 5 de enero entregó $50.000 por gastos de contrato y tres días después transfirió otros $700.000. Al intentar comunicarse con el supuesto locador, primero recibió evasivas y luego dejó de obtener respuestas.

Otra mujer denunció que había entregado $600.000 en efectivo para señar la propiedad y que recibió un pagaré por una suma inferior. Una tercera víctima transfirió $500.000, además de pagar gastos de fotocopias. En otro caso, el interesado adelantó $250.000 y completó el pago acordado, pero nunca recibió las llaves.

La investigación también incluye transferencias por un total de $900.000 y el pago de un alquiler más gastos por parte de una pareja que completó el dinero entre mayo y junio. El último de los hechos denunciados se remonta a julio, cuando otra mujer entregó $350.000 como seña y pagó por la confección de un duplicado de la llave.

Para sostener la acusación, Persello presentó contratos, comprobantes bancarios y conversaciones de WhatsApp. Según el fiscal, esos elementos permiten reconstruir una misma mecánica en los distintos episodios.

Disputa por la vivienda

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) sumó una imputación por usurpación. Según su planteo, el acusado había sido desalojado de la propiedad el 29 de junio de 2025, pero luego volvió a ingresar sin autorización.

El actual reclamante del inmueble, de apellido Novello, habría comprado la casa a la madre del imputado, aunque sostiene que nunca recibió la posesión. La defensa cuestionó esa acusación y afirmó que la disputa debía resolverse en el fuero civil y comercial.

Al resolver la cautelar, Torres consideró que la controversia por la propiedad debía tramitar por las vías correspondientes, pero sostuvo que no era determinante para la prisión preventiva, dado que la investigación incluía siete presuntas estafas.

Condena vigente

El antecedente penal del acusado fue uno de los puntos considerados durante la audiencia. En 2007 había sido condenado a 25 años de prisión por el homicidio de un hombre al que mató a tiros en octubre de 2006, durante una disputa relacionada con la compra de una vivienda. La condena fue confirmada por la Cámara.

El hombre obtuvo la libertad condicional en 2023, pero todavía tenía pendiente el cumplimiento de aquella pena, cuyo vencimiento fue situado en octubre de 2031 durante la audiencia.

La Fiscalía argumentó que las nuevas maniobras habrían ocurrido mientras el imputado gozaba de ese beneficio. También señaló riesgos procesales y el temor de las víctimas. La defensa pidió alternativas a la prisión, entre ellas una prohibición de contacto con los denunciantes y la fijación de otro domicilio.

Torres rechazó el planteo y ordenó que el acusado continúe detenido mientras avanza el proceso.

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