Según un relevamiento de la ONG Data Género, el 93% de las víctimas de violencia digital se identifica como mujer. En tanto, el 39% de los casos nacionales se registra en la región Centro, que incluye a Santa Fe y Rosario. El caso del colegio Verbo Encarnado, donde se difundieron imágenes de alumnas manipuladas con inteligencia artificial, se enmarca en esta problemática.
Un informe de la ONG Data Género correspondiente a 2026 indica que el 93% de las personas que experimentaron violencia digital se identifica como mujer. El mismo relevamiento señala que el 39% de los casos a nivel nacional se concentra en la región Centro, donde se ubican Santa Fe y Rosario.
El estudio distribuye las formas de violencia digital según identidad de género y orientación sexual: un 1% se identifica como no binario, un 1% como varón trans y un 0,3% como mujer trans o travesti. Los varones representan el 5% del total de la muestra. Respecto de la orientación sexual, el 79% se identifica como heterosexual, el 14% como bisexual, el 4% como lesbiana y el 3% restante comprende personas pansexuales, gays y de otras orientaciones.
En cuanto a la distribución regional, la región Centro encabeza la nómina con un 39%, seguida por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un 26%, el NOA con un 12%, el NEA con un 9%, la Patagonia con un 8% y Cuyo con un 7%.
Por edad, la mayor proporción de personas encuestadas se concentra en los grupos de 25 a 39 años (47%) y de 40 a 59 años (39%). El 10% corresponde a personas de entre 15 y 24 años, mientras que el 4% tiene 60 años o más.
Un informe elaborado en 2024 por el Ministerio Público Fiscal registró 1.458 reportes de acoso a través de medios telemáticos durante ese año. Desde 2023, el país tipifica la violencia digital o telemática a partir de la aprobación de la ley Olimpia, a la que luego se sumó la ley Ema, tanto en Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires.
La concejala justicialista María José Poncino, autora del proyecto de adhesión a nivel local de la ley Ema, declaró a La Capital: «Lo que más nos llama la atención es la reproducción de la violencia y el tratamiento como forma de disciplinamiento y hostigamiento que experimenta la violencia digital, pese a las leyes Olimpia y Ema». Y agregó: «Notamos que la violencia digital no es algo que pasa sólo en las redes, sino que genera consecuencias concretas en nuestras vidas. Es en ese momento cuando una mujer deja de opinar por miedo a los ataques, y eso es algo que nos está afectando».
Poncino sostuvo que los datos muestran que la violencia digital afecta especialmente a quienes padecen más desigualdades, una problemática que se complejiza con la inteligencia artificial. «Es una pelea a largo plazo porque el Estado tiene que participar en la regulación del uso de plataformas y no culpabilizar a quienes son víctimas de este tipo de violencia cuando hay otros que deciden incidir sobre nuestros cuerpos y nuestra autonomía. Los relevamientos dan cuenta justamente de eso», planteó.
En ese contexto, mencionó la ESI digital como herramienta de prevención: «A 20 años de la creación de la ESI, tenemos una necesidad y demanda considerable porque hay colegios que la desarrollan y otros que todavía no la llevan a cabo». Asimismo, resaltó la importancia de la ley Ema al asegurar que «no viene a generar una carga más, sino a acercar una herramienta para utilizar en estas situaciones, interpelando a adolescentes y juventudes».
Consultada sobre el contexto político, Poncino afirmó: «En este momento político, la promoción de la violencia se ve reflejada desde el jefe de Estado hacia abajo, desde las redes sociales y en todos los medios, sin límites».
En relación con el caso del colegio Verbo Encarnado, la directora de Gestión Privada del Ministerio de Educación provincial, Analía Massera, confirmó que dos familias se presentaron este miércoles para denunciar que un grupo de estudiantes de primer año hizo circular imágenes de alumnas confeccionadas o modificadas con inteligencia artificial (deepfake).
Por el hecho intervino la cartera educativa a través del Gabinete Socioeducativo, mientras que la escuela activó el protocolo previsto en la ley Ema y citó a las familias de los alumnos involucrados, quienes fueron apartados del establecimiento de manera preventiva hasta que culmine la investigación. Una vez finalizada la indagación, el colegio continuará con el abordaje pedagógico y se aplicarán las sanciones correspondientes, según precisó Massera, quien aseguró que «es la primera situación que ocurre» en la gestión privada, al menos de la que se tenga conocimiento.
A raíz de este caso, el colegio prohibió desde este viernes el uso de teléfonos celulares. La medida trascendió en el macrocentro de Rosario a partir de un aviso sobre la viralización de fotos de alumnas de nivel secundario tomadas sin su consentimiento.
Las autoridades de la escuela pidieron tiempo y paciencia para abordar el caso «con la relevancia y seriedad que lo amerita». En esa línea, añadieron: «Las prisas y las exigencias de una resolución inmediata y drástica pueden llevarnos a equivocarnos y nos desvían del objetivo que todos tenemos».
El colegio garantizó la atención a todas las familias del nivel secundario para charlar sobre el tema con cita previa. Sus representantes plantearon la necesidad de frenar la viralización «de forma inmediata», así como de «fortalecer las medidas de cuidado y la responsabilidad civil» de todas las partes.
«Sabemos que los entornos digitales cambian rápidamente y, muchas veces, los chicos y chicas no dimensionan la gravedad legal o el sufrimiento que pueden causar al compartir un mensaje, un video o un comentario, mucho menos los alcances que hoy adquiere una conducta así», concluyeron.