Carlos Hugo Martínez reclamó este martes en la puerta de la obra social Iosfa, en Rosario, por la provisión de medicamentos para la quimioterapia de su esposa, Andrea Burgos, diagnosticada con cáncer de mama el 22 de abril. La obra social acumula meses de crisis y afecta a unos 3.700 afiliados en la ciudad.
Carlos Hugo Martínez, suboficial retirado del Ejército Argentino, se encadenó este martes en la puerta de la obra social Iosfa, ubicada en España al 1500 de Rosario, para reclamar la provisión de medicamentos para el tratamiento de quimioterapia de su esposa, Andrea Burgos, diagnosticada con cáncer de mama el 22 de abril.
Según relató Martínez, el médico Richard Quiroga indicó que Burgos debía ser operada con urgencia y fijó la fecha para el 23 de julio. Sin embargo, la intervención no se realizó en esa fecha debido a la crisis de la obra social, que comenzó en septiembre de 2025. La operación se concretó el 17 de septiembre en el Sanatorio de la Mujer, casi 50 días después de lo previsto, según el relato del hombre.
Martínez sostuvo que, tras la operación, su esposa debía comenzar la quimioterapia cada 21 días a partir del 17 de octubre, pero no cuenta con los medicamentos. «No me voy a rendir. La veo a Andrea muy deprimida, pero yo no me voy a rendir», declaró a LT8. Además, afirmó: «No le debo nada a nadie en la obra social».
El hombre se había encadenado en varias oportunidades entre finales de julio y principios de agosto. El 20 de agosto recibió la aprobación del presupuesto por parte de la obra social, lo que permitió la operación.
En Rosario, unos 3.700 afiliados a Iosfa se encuentran sin cobertura médica, entre efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, trabajadores del Estado y docentes del Liceo Aeronáutico Militar (LAM) de Funes.
Meses atrás, el Gobierno nacional anunció el traspaso de los efectivos de Gendarmería y Prefectura Naval desde Iosfa a la prepaga Medicus. Con esa decisión, los afiliados de Iosfa se redujeron un 45% y la obra social mantuvo la deuda por las prestaciones utilizadas por los efectivos de las fuerzas de seguridad.
Alejandro Sortino, referente de ATE en Iosfa, había declarado a La Capital que el recorte de servicios derivó en la suspensión de operaciones cardíacas, tratamientos de quimioterapia y atención de urgencia. Como ejemplo, mencionó el caso de una compañera que llevó a su hijo al médico por una apendicitis y recibió una factura de 7.300 dólares por atención particular.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital