Las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados recibirán la próxima semana a representantes de colegios de abogados, universidades y organizaciones sociales en el marco del análisis del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
Las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe volverán a reunirse la próxima semana para continuar con el análisis del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, identificado como «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública». En esa oportunidad, recibirán a representantes de ocho entidades que solicitaron ser escuchadas.
Según informaron fuentes legislativas, el encuentro se realizará el miércoles y contará con la participación de organizaciones de Santa Fe y Rosario. Entre los invitados se encuentran el Colegio de Abogados Segunda Circunscripción, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, la Red Puentes de Santa Fe, el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos «Juan Carlos Gardella», representantes de la Universidad Nacional de Rosario, el Colegio de Abogados Primera Circunscripción (Santa Fe) y la Asociación Civil Familiares de Víctimas contra la Inseguridad, también de Rosario.
La semana pasada, las comisiones recibieron al Ministerio Público de la Acusación, al Ministerio Público de la Defensa y a los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En esa ocasión, los magistrados del máximo tribunal plantearon objeciones vinculadas con la delegación de facultades a la policía y a los fiscales, y advirtieron sobre posibles vicios de inconstitucionalidad.
El proyecto del Poder Ejecutivo propone reformas a cinco leyes provinciales: el Código Procesal Penal, la Ley de Ejecución Penal, la Ley de Recompensas, la Ley de Inteligencia y la Ley Orgánica de la Policía. Además, la Cámara de Diputados decidió unificar el tratamiento de esta iniciativa con otros dos proyectos ya aprobados por el Senado: la ley que modifica aspectos del funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y la ley de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, orientada a contrarrestar el robo de celulares.
Entre los cambios promovidos se incluye la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias, tomar declaración a un imputado sin la presencia obligatoria de un abogado defensor y que el Poder Ejecutivo pueda solicitar de manera autónoma la activación de un pedido de recompensa. Asimismo, la ley para combatir el robo de celulares autoriza a la policía a solicitar a cualquier ciudadano el código IMEI (International Mobile Equipment Identity) y, en caso de negativa, a requisar y secuestrar el dispositivo. Al respecto, el ex fiscal general de la provincia y actual ministro de la Corte, Jorge Baclini, sostuvo que tal situación implica una «presunción de ilicitud excesiva».